La Audiencia Nacional cierra la puerta de acceso a la defensa del derecho al honor y a la intimidad mediante la instrumentalización de la Ley de Protección de Datos y en favor de la libertad de información. La sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado las pretensiones de Joaquín Cortés y de Carmen Martínez Bordiu de recibir indemnizaciones millonarias por supuesta infracción de la LOPD con la emisión de reportajes informativos sobre ellos.

En los fundamentos del fallo, la Audiencia Nacional sostiene, “después de recorrer 168 farragosos párrafos”, que la nieta de Franco y su esposo “han confundido el procedimiento que ellos mismos han iniciado para la protección y defensa de su derecho de acceso y el procedimiento iniciado por denuncia” ante la AEPD.

Y, lo que es más importante, la Sala resuelve que, en ese caso, “la libertad informativa resulta prevalente a la hora de valorar la colisión entre derechos constitucionalmente reconocidos”, los del medio de comunicación (la libertad de información) y los del famoso (la protección de datos de carácter personal).

El Tribunal Supremo ha impuesto una multa de 600 euros a la Agencia Española de Protección de Datos por actuar “con temeridad” pidiendo la nulidad de actuaciones en relación con su sentencia sobre apostasías y libros de bautismo.

El Abogado del Estado, en nombre de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), promovió el mes pasado la nulidad de actuaciones de la sentencia que exime a la Iglesia católica de registrar las apostasías en los libros de bautismo por considerar que éstos no son ficheros de datos.

En su petición, Protección de Datos sostenía que la motivación de esta resolución del Supremo era “manifiestamente irrazonable”.

“Difícilmente” se le puede achacar “manifiesta irrazonabilidad”, argumenta el Supremo, “cuando el Abogado del Estado necesita un escrito de 48 páginas, muchas más de las empleadas en cualquier escrito presentado por él en este proceso”.

En Suiza, los funcionarios de protección de datos están presionando suavemente a Google para conseguir que renuncie a sus planes de introducir Street View, un servicio de mapas que proporciona un nítido panorama fotográfico a nivel de terreno, de 360 grados, de cualquier dirección. La ley de intimidad suiza prohíbe el uso no autorizado de imágenes o propiedades personales.

En Alemania, donde Street View tampoco está disponible, el simple proceso de tomar fotografías para el servicio viola las leyes de intimidad del país centroeuropeo.

“El tema de la intimidad probablemente se hará cada vez más importante para Google a medida que siga ofreciendo nuevos servicios en Europa”, dice Dirk Lewandowski, un profesor de ciencias de la información en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo y experto en tecnología de motores de búsqueda.

El Grupo Socialista pedirá al Ayuntamiento de Santa Cruz “su implicación ante la violación de la Ley de Protección de datos personales en la Agencia Canaria de Seguridad”. La concejala Amaya Conde denunció ayer “la aparición de expedientes con datos personales de policías locales, que fueron tirados a la basura por la Agencia Canaria de Seguridad sin ser destruidos previamente”.

Para Amaya Conde “es un hecho gravísimo que viola la Ley de protección de datos que ha supuesto que algunos tan sensibles como el número del DNI, currículo e, incluso, cuentas bancarias hayan estado expuestos en un contenedor de basura del barrio de Añaza”. La edil socialista añade que entre estos expedientes “hay varios de agentes que acudieron a la Academia para su formación y reciclaje, quedando sus datos personales al descubierto y poniendo en riesgo aspectos personales protegidos por ley”.

Mantener una base de datos en secreto en el Reino Unido se ha convertido en una pesadilla. Tras los despistes de varios empleados gubernamentales en los últimos meses dejándose documentos oficiales en el transporte público, ahora le ha tocado al Partido Nacional Británico (BNP).

Alguien colgó este miércoles en Internet los datos personales de sus 13.500 afiliados. No dejaría de ser más que un mero sabotaje si no se tratara de un partido de extrema derecha que, como se ha podido comprobar en la lista, se encuentra arraigado en todos los estratos sociales.

Los taxistas de Cádiz ni siquiera se plantean incorporar a sus vehículos cámaras de videovigilancia, algo que sí se está empezando a hacer  en otras localidades andaluzas, como por ejemplo Granada. Así lo ha confirmado a este periódico José Manuel González, presidente de la Asociación Gaditana del Taxi.
Dicha medida, que ya se está implantando especialmente en las grandes capitales, sobre todo por ser las que más índice de criminalidad registran anualmente,  está amparada por la Agencia Española de Protección de Datos, siempre que se respeten unos requisitos muy precisos para salvaguardar en todo momento la imagen y la intimidad de los usuarios.
En primer lugar, para que el gremio pueda instalar una de estas unidades de control se requiere que éste sea colocado por una empresa de seguridad privada, que deberá contar previamente con la autorización del Ministerio del Interior. Para dar el segundo paso (ponerla en funcionamiento) la empresa de seguridad será también la que se encargue de notificarlo, con tres días de antelación como mínimo, al mismo órgano ministerial.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava y a la de Vizcaya, que nacieron al extinguirse las antiguas Cámaras de la Propiedad Urbana, multas por importe de 90.000 y 60.101 euros, respectivamente. La AEPD les ha sancionado por utilizar “sin la debida habilitación o competencia” los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial.

Tras la extinción, los antiguos gestores de la Cámara de Álava y los de la de Vizcaya crearon unos organismos similares, pero de carácter privado. Con el objetivo de financiarse, la alavesa utilizó la base de datos de la antigua entidad y giró nuevos recibos a varios miles de antiguos clientes.

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava con la cantidad de 90.000 euros, y a la de Vizcaya con 60.101 euros, especificando que en el caso de Álava sus gestores cometieron una “sanción grave” por girar una remesa valorada en 30.000 euros, informa Europa Press.

La Agencia Española de Protección de Datos -AEPD- va a llegar hasta el final en la investigación que ha abierto por la instalación de cámaras en el Instituto de Educación Secundaria Abastos de Valencia. La Agencia de Datos va a continuar con la investigación a pesar del anuncio del centro de la retirada de las cámaras más conflictivas y de que no instalará el control de huella. Fuentes de la AEPD explicaron ayer que las pesquisas pueden concluir con una declaración de infracción al tratarse de un centro público. En caso de que los investigadores comprueban que el instituto ha vulnerado la Ley Orgánica de Protección de Datos, la AEPD comunicaría la situación al Defensor del Pueblo e instaría al centro a que rectificara.
La Agencia de Protección de Datos no tiene abiertas más investigaciones contra centros valencianos por la instalación de cámaras de vigilancia. En el caso de que Abastos hubiera sido un centro privado podría haber sido sancionado.
El instituto, como ayer informó Levante-EMV, ha retirado las cámaras instaladas en los dos aseos y no va a proceder a la instalación del sistema de reconocimiento por huellas dactilares en los accesos al edificio, de manera que los tornos se activarán mediante una tarjeta magnética.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a las Asociaciones de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Alava y Bizkaia por utilizar “sin la debida habilitación o competencia” los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial. En el caso alavés, la multa asciende a 90.000 euros, y en el vizcaíno llega a los 60.101.

Además, según la resolución de la AEPD, la Cámara de la Propiedad de Alava procedió a girar cuotas a todos los socios de la extinta Cámara Oficial, por valor de 30.000 euros, “cometiendo infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos personales”.

Desde el punto de vista de las normas que regulan la protección de datos de carácter personal, la impresión de documentos en el ámbito laboral es uno de los puntos fundamentales de una correcta política en materia de la confidencialidad, referida no sólo a la documentación sensible propiedad de la empresa, sino también a aquellos documentos que sean susceptibles de contener datos personales y que deban ser objeto de una especial protección.

La clasificación de lo que se considera “confidencial” depende, en última instancia, de una decisión de organización empresarial. Pero es necesario tener en cuenta que no poca información de la que se maneja a diario en la empresa está exenta de contener datos personales, que podrán ir del más básico al más alto nivel de seguridad, en función del tipo de dato que se esté tratando.