La consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, señaló que investigará “si la labor de vigilancia y custodia, se ha ejecutado correctamente” en los Sotos de Alfaro. No obstante, recordó que cuando se trata de un expediente de particulares, la Administración “no puede dar ninguna información” ya que “están protegidos por la Ley de Protección de Datos”.

Una firma estadounidense de análisis forense informático asegura que el 40% de los discos duros que ha adquirido recientemente en grandes volúmenes a través de eBay contenían información sensible, privada y personal. El tipo de información todavía disponible en las unidades incluía desde datos financieros corporativos hasta historiales de navegación Web.

Con fecha 17 de diciembre de 2007, el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) formuló denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), frente a la Real Federación Española de Ciclismo y Unión Ciclista Internacional (UCI), manifestando que esta última, estaba vulnerando los derechos de los afiliados a ACP, al publicar, a través de Internet, datos de los ciclistas facilitados por la RFEC, denuncia que ha sido desestimada y archivada.

La AEDP, el pasado 14 de enero de 2009, acordó el archivo de las actuaciones iniciadas a instancia de la ACP, al considerar, de un lado, que, la transferencia internacional de datos denunciada, resulta conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos, al haberse obtenido previamente el consentimiento expreso de los federados para la cesión de los mismos a la UCI –ya que, el ciclista federado, asume las normas de la Federación a las que se somete y lo mismo ocurre con las reglas de la UCI, previéndose esta circunstancia expresamente, en ambas normativas -.

Según publica en su edición de hoy el diario “El Público”, la sanción de sesenta mil euros –diez millones de las antiguas pesetas- impuesta a la empresa municipal, viene motivada por la falta grave cometida por EMUVYSSA, al no proteger debidamente, la información privada de 333 solicitantes de VPO, en la promoción de las noventa viviendas del edificio “Mediterráneo”, a las que optaban 997 solicitantes.
Durante varios días, según el rotativo madrileño, se pudo acceder sin ningún problema al DNI, dirección, teléfono móvil, estado civil y números de cuenta, de la tercera parte del total de los solicitantes, lo que según la resolución de la Agencia Española de protección de Datos, “pudo causar una gran alarma e inquietud”.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria ha elaborado un decálogo audiovisual con consejos de uso de las redes sociales para los más jóvenes, que estará disponible desde mañana en el portal con motivo de la celebración del Día Internacional por una Internet más Segura.

En la iniciativa ‘Chaval.es’ participan diferentes portavoces de instituciones y site de referencia como el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo; el director de Comunicación de Tuenti, Ícaro Moyano; y la directora regional de Sulake, propietaria de la red Habbo Hotel, Simonetta Lulli.

Centenares de solicitudes de empleo que contienen información de carácter personal abandonados en un garaje del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (IU-PSOE). Es lo que denuncia el PP de la localidad, que pondrá en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), para que ésta abra diligencias preliminares e inicie una investigación al respecto.

Los populares de Rivas aseguran que el Gobierno Municipal ha descuidado “este material sensible durante meses y podría estar cometiendo una infracción”. Además, dicen que hay “cantidades de expedientes, actas de Juntas de Gobierno, trámites administrativos, etc, y todo ello en un deplorable estado de conservación, exponiéndose a su deterioro”.

El padre del discapacitado que apareció en un video de YouTube siendo objeto de mofas y vejaciones recurrirá la sanción de 1.500 euros que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a los autores de las imágenes, según anunció en declaraciones a Europa Press.

Este ciudadano de Móstoles (Madrid), José Martín, recibió hoy la llamada del director de la AEPD, Artemi Rallo, y después de intercambiar opiniones sobre el informe que determina esta sanción le comunicó su intención de recurrir esta decisión por la vía judicial.

 Martín aseguró en las últimas horas que la multa es “ridícula y vergonzosa”. “Las multas graves pueden oscilar entre 60.000 y 300.000 euros, y en cambio aquí, en este informe que no tiene ni pies ni cabeza, se disminuyen continuamente las culpas de quienes grabaron el video de mi hijo”, manifestó.

Patxi López en su camino hacia la Lehendakaritza esta dispuesto a hacer uso de cualquier herramienta con tal de conseguir un puñado de votos y spamear a la sociedad vasca es una de ellas. El PSE no tiene ningún pudor en incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) con tal de conseguir un puñado de votos.

El PSE estaría incumpliendo la LOPD al incluir datos personales sujetos a esta ley en una base de datos sin el consentimiento expreso del titular y la LSSI al proceder al envió de spam o correo basura.

La Generalitat ha retirado las fotografías de los mossos d’Esquadra de un directorio interno del personal de la policía catalana, después de recibir las quejas, entre otras, del sindicato CAT-ME, que también lo puso en conocimiento de la Agencia Catalana de Protección de Datos (Apdcat), según informó hoy el sindicato.
Los agentes solicitaron al director general de la Policía, Rafael Olmos, que retirara las fotos y a la Apdcat que actuara para que se retirasen sus fotografías de un directorio interno del personal de la Policía catalana en el que constan los datos de los agentes, porque podía afectar a su seguridad personal.
Hoy mismo, la Intranet de los Mossos ya no incluía las fotografías, por lo que el CAT-ME se felicitó por la decisión de Olmos.

Un vecino de Móstoles de 46 años aparecía ridiculizado en un vídeo que se publicó en YouTube en septiembre de 2007 sin su permiso. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 1.500 euros al dueño del ordenador desde el que se subió el vídeo a la Red, por usar datos personales ajenos sin consentimiento.

El responsable, de 20 años, fue localizado por la huella que dejó en Internet. “Cuando lo vi por la televisión me sobrecogió”, declaró el joven entonces. También dijo que fue él quien retiró los vídeos, tras ver el daño que había causado. Por eso la AEPD decidió rebajar la multa, que podría haber llegado a 300.000 euros.