Las oficinas de bancos tienen cámaras, algunos garajes y muchos comercios, también. Incluso en el bar donde desayuna es probable que haya instalada una. Esta proliferación de dispositivos de videovigilancia en España ha acabado calando, hasta verse reflejada en última instancia en un incremento de las quejas de los ciudadanos.

Las investigaciones y denuncias por este tipo de sistemas de seguridad lo acreditan. Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), los ciudadanos presentaron en el 2007 hasta cinco veces más reclamaciones sobre videovigilancia que el año anterior. “Se ha producido una eclosión de denuncias, que expresan una singular preocupación de los ciudadanos. Si en el 2006 se presentaron 24 reclamaciones, en el 2007 llegaron a las 123. Mientras, en el primer semestre se recibieron 112 denuncias, así que este año es previsible que al menos se dupliquen”, asegura Artemi Rallo, director de la AEPD.

La Asociación Independiente de la Guardia Civil presentó a la Agencia Española de Protección de Datos una denuncia por la presencia de una cámara de videovigilancia en el interior del Ayuntamiento de Sada, según informó la agrupación Movimiento por los Derechos Civiles.
Esta cámara estaría controlada por un Policía Local del municipio, aunque la Delegación del Gobierno afirma que este tipo de aparatos no son competencia de un concello.

Por último, el equipo dirigido por el nacionalista Abel López Soto, quiso destacar que un informe jurídico de la propia Asociación de Protección de Datos declara que «de instalarse las cámaras en las entradas al edificio, grabando el acceso, la instalación de las mismas no quedará sometida a la Ley Orgánica 4/1997».

Instaló cámaras ocultas en las macetas. Una de ellas enfocaba directamente al balcón de una vecina, la que denunció los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos.

A este vecino de Canarias le ha costado 600 euros instalar diversas video-cámaras en su terraza, varias de ellas dentro de macetas con un orificio para la captación de imágenes.