La Agencia Catalana de Protección de Datos ha aprobado una instrucción sobre vídeo-vigilancia que a partir de mañana regulará esta práctica entre administraciones, universidades y entes públicos, que estarán obligados a informar al público sobre la existencia de estos sistemas de grabación.

La instrucción, que hoy publica el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), asume gran parte del contenido vigente desde 2006 por una instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos, que ya era de obligado cumplimiento.

En la instrucción, que entrará en vigor a partir de mañana, se especifica el deber de información al público sobre la existencia de las cámaras a través de carteles informativos -con un patrón común-, y la existencia de redactar una memoria justificando la finalidad, las características técnicas y las formas de conservación de las imágenes.

La consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico va a implantar un sistema de videovigilancia en el transporte público, iniciativa que ya está a modo de prueba en el servicio nocturno de la línea entre Santander y El Astillero y que, con el tiempo, se instalará en todos los autobuses que sirven en el transporte público regional. Así lo manifestó el consejero de Industria, Javier del Olmo, en la presentación del ‘búho’ que reforzará el servicio de autobuses nocturno con Santoña con motivo de los carnavales.

Frente a reticencias o problemas legales por la grabación de imágenes, el consejero resaltó que el archivo de las imágenes que captan las cámaras «cumple la legalidad vigente en materia de protección de datos», mediante el correspondiente registro en la Agencia Nacional de Protección de Datos. Además, según Del Olmo, se ha redactado un protocolo de actuación de seguridad, «que garantiza la integridad en el tratamiento de los datos».

Los taxistas de Cádiz ni siquiera se plantean incorporar a sus vehículos cámaras de videovigilancia, algo que sí se está empezando a hacer  en otras localidades andaluzas, como por ejemplo Granada. Así lo ha confirmado a este periódico José Manuel González, presidente de la Asociación Gaditana del Taxi.
Dicha medida, que ya se está implantando especialmente en las grandes capitales, sobre todo por ser las que más índice de criminalidad registran anualmente,  está amparada por la Agencia Española de Protección de Datos, siempre que se respeten unos requisitos muy precisos para salvaguardar en todo momento la imagen y la intimidad de los usuarios.
En primer lugar, para que el gremio pueda instalar una de estas unidades de control se requiere que éste sea colocado por una empresa de seguridad privada, que deberá contar previamente con la autorización del Ministerio del Interior. Para dar el segundo paso (ponerla en funcionamiento) la empresa de seguridad será también la que se encargue de notificarlo, con tres días de antelación como mínimo, al mismo órgano ministerial.

La Agencia Española de Protección de Datos -AEPD- va a llegar hasta el final en la investigación que ha abierto por la instalación de cámaras en el Instituto de Educación Secundaria Abastos de Valencia. La Agencia de Datos va a continuar con la investigación a pesar del anuncio del centro de la retirada de las cámaras más conflictivas y de que no instalará el control de huella. Fuentes de la AEPD explicaron ayer que las pesquisas pueden concluir con una declaración de infracción al tratarse de un centro público. En caso de que los investigadores comprueban que el instituto ha vulnerado la Ley Orgánica de Protección de Datos, la AEPD comunicaría la situación al Defensor del Pueblo e instaría al centro a que rectificara.
La Agencia de Protección de Datos no tiene abiertas más investigaciones contra centros valencianos por la instalación de cámaras de vigilancia. En el caso de que Abastos hubiera sido un centro privado podría haber sido sancionado.
El instituto, como ayer informó Levante-EMV, ha retirado las cámaras instaladas en los dos aseos y no va a proceder a la instalación del sistema de reconocimiento por huellas dactilares en los accesos al edificio, de manera que los tornos se activarán mediante una tarjeta magnética.

Un paseo por O Parrote, un café en la plaza de María Pita, salir de copas por el Orzán o escapar del bullicio de la ciudad a bordo de su coche con la música a tope, rumbo al puente de A Pasaxe…. Cualquier escena de su vida, por irrelevante que le parezca, puede haber sido captada por los cientos de cámaras que hay diseminadas por A Coruña. Los ojos del Gran Hermano vigilan desde cada esquina los pasos que miles de coruñeses dan, confiados en su anonimato, amparados por una libertad que no existe tal y como se la concibe. Hasta los turistas que llegan a la ciudad en coche, tren o
autobús pueden ser seguidos por las videocámaras desde el momento en que enfilan Lavedra o se apean en cualquiera de las dos estaciones hasta que llegan a sus destinos, a una casa o un hotel sin vigilancia de las zonas privadas.
La seguridad -del tráfico, de las entidades financieras, de los edificios públicos o de las sedes de grandes empresas- es la disculpa que ha llevado a todo tipo de instituciones y compañías de diversos sectores y colores a colocar dispositivos de grabación a las puertas de sus edificios que no sólo detectan la llegada de algún intruso, sino también la presencia de personas supuestamente anónimas cuyo único delito es pasar junto a un edificio vigilado.
¿Cuántas cámaras de videovigilancia existen en A Coruña?

El Ayuntamiento de Sada dictará un decreto para crear un fichero para la Agencia de Protección de Datos de las imágenes recogidas por los sistemas de videovigilancia instalados en la Casa Consistorial y en el edificio de Servicios Administrativos desde hace meses.
Esta decisión municipal se contradice con lo asegurado por el Gobierno local el pasado agosto cuando, tras una denuncia interpuesta por la Asociación Independiente de la Guardia Civil, aseguró que la instalación de las cámaras de videovigilancia en dependencias municipales había sido puesta en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos, y que el organismo había asegurado que no era necesaria la comunicación de ningún fichero, puesto que no se consideraba “como tal el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción de imágenes en tiempo real”.

Las dos cámaras instaladas por el Ayuntamiento en la rotonda de Nirvana, en las proximidades del busto dedicado al líder guerrillero Ernesto Che Guevara, incumplen la normativa de la Agencia de Protección de Datos. El organismo estatal establece que aquellos aparatos destinados a la captación de imágenes que graben lo que sucede en la vía pública deben contar con un registro y correspondiente archivo, una notificación que no está disponible en la agencia gubernamental.
Los dos nuevos aparatos colocados por el Gobierno local para disuadir a los vandálicos de cometer destrozos sobre la efigie del líder revolucionario -como ya ocurriera en el mes de junio cuando varios desconocidos arrojaron pintura roja y amarilla al monumento- no emiten en tiempo real, sino que graban lo que acontece en las proximidades de la glorieta donde está instalada la imagen del médico argentino.

La instalación de cámaras de seguridad siempre será objeto de polémica, aunque también es cierto que los ciudadanos ya están acostumbrados y la mayoría no prestan atención a las cámaras que graban su imagen en edificios públicos, bancos, gasolineras, viviendas, garajes comunitarios y otros públicos. A pesar de que actualmente no existen datos oficiales sobre el número de este tipo de sistemas en Almería, lo que si hay es una ley que regula la instalación de los sistemas de videovigilancia.

Los vecinos de Sevilla afectados por la prostitución consideraron hoy “tremendamente positiva” la instalación de cámaras de vídeovigilancia para disuadir a los clientes, pero criticaron al alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, porque “no ha ofrecido ninguna solución hasta el momento”.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de la Asociación de Vecinos Jardines de la Buhaira, Julio del Junco, manifestó estar “totalmente de acuerdo” con la implantación de cámaras porque “tendría un efecto disuasorio y todo lo que sea poner soluciones al tema es bien visto”.
Eso sí, el dirigente vecinal advirtió de que dicha medida “tiene que hacerse con todas las garantías legales y respetando la Ley de Protección de Datos“.

Murcia. Una persona sale de su casa en el murciano barrio de Santa María de Gracia y, al pasar junto al aparcamiento subterráneo de la calle Mar Menor, es grabada por su cámara de seguridad. Es sólo la primera de las muchas que registrarán su camino hasta la Glorieta. De hecho, cada 100 metros aproximadamente siete cámaras, desde la misma calle y desde los comercios, tomarán su imagen entre la plaza Emilio Díez de Revenga y el puente de los Peligros de la capital.

En Díez de Revenga, los aparatos de vigilancia de varias oficinas bancarias apuntan a los cajeros automáticos de forma que el peatón queda grabado, o al menos sus pies, al pasar cerca. La cámara y el monitor de la sucursal de La Caixa es claramente visible; sin embargo en el Banco Santander, pese a tener un cartel que advierte de que existen sistemas de captación de imagen, si las hay, no son visibles.