El PP de Godella denunció ayer una posible vulneración de la ley de protección de datos cometidos por una empresa contratada por el Ayuntamiento para realizar el censo para la nueva ordenanza de tasa de basuras.
Según el portavoz del PP, Jesús Antuña, la empresa que se dedica a ahora llamar a varias familias para intentar a su casa e intentar inspeccionar las zonas verdes es la misma que provocó graves pérdidas económicas al Ayuntamiento, asumidas en los presupuestos del pasado año, como consecuencia de las más de 2.000 reclamaciones presentadas en su día contra el consistorio al intentar cobrar como zona verde “a vecinos que tenían dos macetas”.

La consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, señaló que investigará “si la labor de vigilancia y custodia, se ha ejecutado correctamente” en los Sotos de Alfaro. No obstante, recordó que cuando se trata de un expediente de particulares, la Administración “no puede dar ninguna información” ya que “están protegidos por la Ley de Protección de Datos”.

Patxi López en su camino hacia la Lehendakaritza esta dispuesto a hacer uso de cualquier herramienta con tal de conseguir un puñado de votos y spamear a la sociedad vasca es una de ellas. El PSE no tiene ningún pudor en incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) con tal de conseguir un puñado de votos.

El PSE estaría incumpliendo la LOPD al incluir datos personales sujetos a esta ley en una base de datos sin el consentimiento expreso del titular y la LSSI al proceder al envió de spam o correo basura.

El Grupo Socialista pedirá al Ayuntamiento de Santa Cruz “su implicación ante la violación de la Ley de Protección de datos personales en la Agencia Canaria de Seguridad”. La concejala Amaya Conde denunció ayer “la aparición de expedientes con datos personales de policías locales, que fueron tirados a la basura por la Agencia Canaria de Seguridad sin ser destruidos previamente”.

Para Amaya Conde “es un hecho gravísimo que viola la Ley de protección de datos que ha supuesto que algunos tan sensibles como el número del DNI, currículo e, incluso, cuentas bancarias hayan estado expuestos en un contenedor de basura del barrio de Añaza”. La edil socialista añade que entre estos expedientes “hay varios de agentes que acudieron a la Academia para su formación y reciclaje, quedando sus datos personales al descubierto y poniendo en riesgo aspectos personales protegidos por ley”.

La Agencia de Protección de Datos ha comunicado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) que ha impuesto una sanción a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del promotor Enrique Ortiz, por el listado de solicitantes de viviendas en el Plan Rabasa. La multa asciende a 601.01 euros ya que se trata de una infracción leve, según informó ayer la citada plataforma.
El colectivo señaló ayer a través de un comunicado que la Agencia de Protección de Datos le ha dado la razón en su denuncia “de utilización sesgada de la voluntad de esas más de 7.000 personas, que acudieron de buena fe en busca de vivienda, encontrándose con una manipulación de sus intenciones y, al fin y a la postre, defraudadas den sus esperanzas”.

Galicia Bilingüe ha decidido acudir a la Agencia de Protección de Datos para que investigue a la denominada Mesa pola Normalización Lingüística tanto por manejar listas negras de comerciantes y otros empresarios en su campaña por imponer el uso del gallego, como por remitir a estas personas cartas amenazándolas con la supuesta apertura de expedientes para que modifiquen sus usos idiomáticos.

La asociación que defiende la libertad de elección de lengua entiende que la Mesa podría estar vulnerando el derecho a la intimidad de los ciudadanos a los que presiona, con independencia de que sus métodos resulten a todas luces, y desde un punto de vista ya no legal, sino puramente ético, del todo reprobables.

Los constructores integrados en la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción (Upeco), en la que se aglutinan 240 firmas, acordó ayer en asamblea general extraordinaria denunciar al Ayuntamiento de Huelva ante la Agencia Nacional de Protección de Datos por el proceso seguido en la revisión del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO). Upeco encargó un informe a un bufete fiscal, que concluye que “no es legal” que una empresa privada participe en el procedimiento de inspección y revisión de los impuestos municipales, proceso que, según los expertos, “adolece de los mínimos requisitos”

UGT y CC.OO. Madrid están estudiando denunciar al Gobierno regional ante la Agencia de Protección de Datos por difundir el vídeo de las presuntas agresiones al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en su visita al hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda el pasado lunes “sin que haya constancia de consentimiento” de los presentes para su emisión.

   Después de que ayer la Comunidad de Madrid reconociera a cuatro de los sindicalistas que se manifestaron en el Puerta de Hierro, UGT consideró “muy grave que el Gobierno regional difunda imágenes de personas e información que pertenece a la esfera de su intimidad personal”.

   El sindicato señaló en un comunicado que los servicios Jurídicos de FSP UGT Madrid están estudiando la presentación de una denuncia contra la Consejería de Sanidad ante la Agencia de Protección de Datos “por la difusión de estas imágenes a los medios de comunicación y en las que personas concretas son identificadas como sindicalistas, sin que, haya constancia de que hayan prestado consentimiento para que se haga público este u otros datos personales”.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, anunció este lunes que su partido exigirá al Gobierno de Manuel Chaves “responsabilidades” en el Pleno del Parlamento de esta semana por la decisión de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) los nombres de objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos (EpC).

En rueda de prensa, Sanz indicó que esta decisión es propia del “sectarismo” del PSOE y de su “obsesión por el adoctrinamiento político”, lo que le lleva a “incumplir” la Ley en materia de protección de datos y a utilizar a las familias para la pelea política, al tiempo que las “amedrenta” para que no ejerzan un derecho como es recurrir en los tribunales.

El alcalde de Sada, denunciará ante la Agencia Española de Protección de Datos las decenas de ficheros con apuntes personales sobre vecinos hallados en unas dependencias de la policía local. Convencido de la irregularidad de estos archivos que halló por casualidad un sargento de la Guardia Civil, el regidor ha informado ayer a los portavoces municipales de una serie de medidas que pasan por la disolución de la denominada brigada de seguridad ciudadana. Se trata de una unidad de ocho agentes, “paralela” a la policía local, creada por el anterior alcalde. López Soto también ordenó abrir un expediente disciplinario contra dos mandos policiales para depurar responsabilidades administrativas.