La Agencia Española de Protección de Datos ha comunicado a la Dirección General de la Policía que ha cometido una falta muy grave por el tratamiento que le está dando a la información confidencial de los agentes. La oficina ha actuado tras constatar que la Jefatura Superior de Valencia permitió que varios agentes conocieran que un compañero destinado en la comisaría del Marítimo tenía una enfermedad mental. La institución ha ordenado a Interior que cambie los formularios utilizados para comunicar las bajas para evitar que se produzcan nuevas filtraciones. La Administración y las empresas no están autorizadas a conocer las causas que motivan las bajas por enfermedad o accidente de los funcionarios y trabajadores.

El caso por el que acaba de actuar la Agencia se produjo en Valencia. El agente del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la comisaría del Marítimo tuvo que comunicar que padecía una enfermedad mental cuando entregó su arma el 5 de octubre. En concreto, el impreso de retirada del arma precisaba que sufría “una enfermedad de origen psíquico”. El impreso lo rellenó un compañero porque el agente afectado estaba en su casa.

El policía denunció el caso ante la Agencia Española de Protección de Datos tras constatar que el régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado establece que “en caso de enfermedad o accidente, los datos del diagnóstico irán codificados en los tres ejemplares (el del trabajo, el de la Mutua y el del afectado). El ejemplar para el mutualista”, en este caso el policía, “será el único que contenga la información del diagnostico”.

La Generalitat ha retirado las fotografías de los mossos d’Esquadra de un directorio interno del personal de la policía catalana, después de recibir las quejas, entre otras, del sindicato CAT-ME, que también lo puso en conocimiento de la Agencia Catalana de Protección de Datos (Apdcat), según informó hoy el sindicato.
Los agentes solicitaron al director general de la Policía, Rafael Olmos, que retirara las fotos y a la Apdcat que actuara para que se retirasen sus fotografías de un directorio interno del personal de la Policía catalana en el que constan los datos de los agentes, porque podía afectar a su seguridad personal.
Hoy mismo, la Intranet de los Mossos ya no incluía las fotografías, por lo que el CAT-ME se felicitó por la decisión de Olmos.

Más control para desenmascarar a posibles terroristas a través de sus llamadas de móvil. El Gobierno ha ordenado a todas las compañías de telefonía que conserven durante doce meses los datos de los usuarios que ‘migren’, es decir, que decidan cambiar de operadora manteniendo su antiguo número. El motivo es que el Ejecutivo considera que esa información puede ser útil en la lucha contra Al Qaeda o ETA, como ya se demostró en las investigaciones del atentado del 11-M en Madrid.

Ningún organismo parece tener prisa en intervenir en el caso de los ficheros ilegales de la Policía Local de Sada. Una semana después del hallazgo por parte de la Guardia Civil, responsables de la Agencia de Protección de Datos confiesan que desconocen su existencia y alegan que alguien debe denunciar este hecho formalmente; una vez recibida la demanda, aún tienen un máximo de tres meses para pronunciarse.

Los portavoces de este organismo, que depende del Ministerio de Justicia, confiesan que agosto es un mes en el que su personal no está al cien por cien y que se les acumulan casos como el de Sada. En este sentido, reconocen que Cataluña o el País Vasco tienen transferidas las competencias sobre la gestión de datos públicos y por eso cuentan con sus correspondientes agencias, lo que les permite agilizar los trámites.

Los ficheros de la Policía Local de Sada que la Guardia Civil encontró el pasado jueves contienen, además de fotos, datos tomados a menores de edad en los últimos diez años, según reconocen fuentes del propio cuerpo local. La unidad de seguridad ciudadana, conocida como patrulla de noche, está siendo investigada por la Guardia Civil y por el propio Concello después de que apareciesen en su despacho dos archivadores de más de un metro cada uno atestados de fichas con datos de vecinos y visitantes de esta localidad coruñesa.

Para el Concello de Sada, el hallazgo de las fichas policiales en el cuartel de la Policía Local puede suponer un problema legal, ya que sería el responsable último de este tipo de acciones. Por ahora, tratan de esclarecer lo ocurrido y han comenzado a enviar misivas pidiendo explicaciones por escrito a los responsables de la patrulla.

La Ley de Protección de Datos impide que se acumule este tipo de información en los cuarteles de los cuerpos locales y tampoco lo permiten los planes de actuación policial. Los agentes locales no tienen competencias para investigar asuntos relacionados con la criminalidad, pero pueden actuar en altercados o peleas siempre que después den cuenta a la Guardia Civil o a la Policía Nacional.

Toda llamada que un ciudadano realice a los teléfonos 092 o 927421315, que corresponden a la jefatura de la policía local de Plasencia, quedará automáticamente grabada. Esto es posible gracias a un nuevo sistema informático instalado por el ayuntamiento en la jefatura local y cuya finalidad es mejorar la seguridad ciudadana, según el concejal de Interior, Francisco Martín.

Al ciudadano no se le informará que se le está grabando, pero todos los datos quedarán sometidos a lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y esa información no será facilitada a nadie.