Tal y como anunciaron hace varios días, los padres de los niños objetores cuyos nombres y apellidos salieron publicados en el BOJA del pasado 1 de octubre, no se han quedado parados. Aunque la Fiscalía de Sevilla decidiera archivar el caso y no actuar contra la Consejería de Educación pese a que dejó muy claro que la Junta de Andalucía había vulnerado el derecho a la protección de la intimidad de los menores.
Ahora los padres reclaman a la consejera de Educación que reconozca voluntariamente «su responsabilidad sin que haya que mediar resolución de los tribunales».