El pasado año seis de cada diez empleados en Estados Unidos sustrajeron datos de las compañías para las que trabajaban cuando las abandonaron, según revela una investigación.

 El estudio llevado a cabo por el Instituto Ponemon señala que los trabajadores usaron la información que se robaron para encontrar un nuevo trabajo, empezar su propio negocio o vengarse.

La firma de investigación realizó una encuesta entre 945 empleados estadounidenses que fueron despedidos o cambiaron de trabajo en los últimos 12 meses.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) iniciará un “procedimiento de declaración de infracción de Administraciones Públicas” para determinar si la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cometió una irregularidad al abandonar fichas y archivos que contienen datos sobre los presos durante el cierre de la cárcel de Carabanchel en 1998, según un comunicado que la Agencia envió el pasado 13 de enero a la Plataforma por un Centro por la Paz y la Memoria en el centro penitenciario.

El portavoz de esta Plataforma vecinal, Julián Rebollo, señaló que, con este procedimiento, la AEPD da respuesta a una denuncia que presentaron contra el departamento dirigido por Mercedes Gallizo el 19 de febrero de 2008 y en la que se adjuntaron documentos que contienen datos de carácter personal referentes a los internos del centro penitenciario.

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de Gobierno que abra una investigación para conocer quién está facilitando información a la empresa Multas Asistencias S.L. Según la edil socialista Marta Meléndez, tres ciudadanos han interpuesto una denuncia en la Policía Local a la empresa por la utilización indebida de sus datos personales. Meléndez señaló que el personal de Multas Asistencias S.L. «se pone en contacto con aquellos infractores de tráfico para negociarles la multa por 40 euros, denuncias que, la mayoría, están prescritas de oficio».

Una firma estadounidense de análisis forense informático asegura que el 40% de los discos duros que ha adquirido recientemente en grandes volúmenes a través de eBay contenían información sensible, privada y personal. El tipo de información todavía disponible en las unidades incluía desde datos financieros corporativos hasta historiales de navegación Web.

Centenares de solicitudes de empleo que contienen información de carácter personal abandonados en un garaje del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (IU-PSOE). Es lo que denuncia el PP de la localidad, que pondrá en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), para que ésta abra diligencias preliminares e inicie una investigación al respecto.

Los populares de Rivas aseguran que el Gobierno Municipal ha descuidado “este material sensible durante meses y podría estar cometiendo una infracción”. Además, dicen que hay “cantidades de expedientes, actas de Juntas de Gobierno, trámites administrativos, etc, y todo ello en un deplorable estado de conservación, exponiéndose a su deterioro”.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto una multa de 30.000 euros a la junta directiva de la Entidad de Conservación de la urbanización San Miguel, de Nàquera, por publicar, sin consentimiento de varios vecinos, sus datos personales en los tablones de anuncios de las zonas públicas del barrio.
 
Según la Agencia -que ha dado a los denunciados un plazo de 15 días para alegar antes de hacer una resolución en firme-, con la publicidad que la Entidad ha dado a esta información, ha infringido el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) “ya que no ha acreditado la obtención del consentimiento de los afectados para publicar unos datos relativos a ellos”.

El ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, se comprometió ayer a adoptar rádidas medidas contra el tráfico de datos personales y bancarios, ante un nuevo escandalo de robo de información que afecta a unos 21 millones de ciudadanos. El gobierno federal abordará la cuestión en el próximo Consejo de Ministros, mañana, anunció Schäuble, con el objetivo de atajar cuanto antes este nueva forma de delincuencia y tráfico en el mercado negro de datos personales.
La compra venta en el mercado negro de datos como nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de cuentas y detalles sobre el patrimonio de los titulares se ofertan en el mercado negro por unos doce millones de euros, según pudo comprobar el semanario Wirtschaftswoche.

Mantener una base de datos en secreto en el Reino Unido se ha convertido en una pesadilla. Tras los despistes de varios empleados gubernamentales en los últimos meses dejándose documentos oficiales en el transporte público, ahora le ha tocado al Partido Nacional Británico (BNP).

Alguien colgó este miércoles en Internet los datos personales de sus 13.500 afiliados. No dejaría de ser más que un mero sabotaje si no se tratara de un partido de extrema derecha que, como se ha podido comprobar en la lista, se encuentra arraigado en todos los estratos sociales.

La compañía de telecomunicaciones, Deutsche Telecom, acaba de confirmar el robo de los datos personales de 17 millones de clientes de su operadora de telefonía móvil T-Mobile.

El portavoz de la compañía alemana, Frank Domagala, confirmó en un comunicado que la pérdida de los datos no incluía los números de cuentas bancarias o tarjetas de créditos de sus clientes.

Únicamente, constó de nombres, fechas de nacimiento y direcciones domiciliarias, como recoge esta mañana la prensa especializada.

José Lobato y Mónica Sumay, padres de Alejandra, la joven con discapacidad física e intelectual que la delegación provincial en Pontevedra de la Consellería de Educación quiere escolarizar en un centro de Educación Especial en contra de la voluntad de los progenitores, han presentado una denuncia contra la propia institución ante la Inspección de la Agencia Estatal de Protección de Datos a raíz de las declaraciones de su responsable, Cristóbal Fernández.
La supuesta publicación de datos privados de modo ilícito habría tenido lugar el pasado 28 de agosto, cuando la agencia Europa Press contactaba con el delegado de Educación en Pontevedra con el fin de conocer los motivos que argumentaba la administración para justificar el traslado de la menor de su centro habitual en Catoira a uno de Educación Especial en Villagarcía, a 15 kilómetros de distancia, con motivo de la entrada de la joven en la ESO.