Los médicos de familia B. B. y J. F. coinciden a diario en el Centro de Salud de Artà. Con una particularidad. El primero acaba de ser condenado por la Audiencia Provincial de Palma a tres años y tres meses de prisión -”se va para dentro”, afirman asombrados los letrados con experiencia en casos de negligencia-, además de nueve años de inhabilitación absoluta, a resultas de una denuncia del segundo. Este afirma que “en el trabajo diario cumplimos los objetivos, los pacientes no lo perciben”. Sin embargo, la onda expansiva de la sentencia se ha propagado ya a la clase médica balear. El fallo modificará la relación de la profesión sanitaria con su ordenador, puesto que se debe al acceso a los datos informáticos de la víctima, en violación de la Ley de Protección de Datos. Importantes administrativistas estatales ya se han hecho con una copia de la resolución judicial. Según afirma Juan José Talens, abogado especializado en estas cuestiones, “es una sentencia pionera en toda España, porque da el paso de las sanciones administrativas a las penales. Los catedráticos de Derecho están muy interesados, y la sorpresa generada demuestra el contraste entre conciencia social y tipo penal”.

Diez años después de su aprobación, el 84% de las farmacia de Salamanca no cumple con lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos, un porcentaje similar al que se registra en el panorama nacional. Así lo recoge un estudio elaborado por Eniac Formación Salamanca, que ayer ofreció una jornada divulgativa a unos 30 profesionales para aclarar sus dudas respecto a una normativa cuyo Reglamento se publicó en 2007.

Las infracciones en materia de protección de datos llevan aparejadas sanciones que oscilan “entre 600 y 600.000 euros”, apuntó Gómez, quien aseveró que “estas multas se están imponiendo” y remarcó que “en la página web de la Agencia de Protección de Datos se pueden contemplar todas las sentencias”.