La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava y a la de Vizcaya, que nacieron al extinguirse las antiguas Cámaras de la Propiedad Urbana, multas por importe de 90.000 y 60.101 euros, respectivamente. La AEPD les ha sancionado por utilizar “sin la debida habilitación o competencia” los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial.

Tras la extinción, los antiguos gestores de la Cámara de Álava y los de la de Vizcaya crearon unos organismos similares, pero de carácter privado. Con el objetivo de financiarse, la alavesa utilizó la base de datos de la antigua entidad y giró nuevos recibos a varios miles de antiguos clientes.

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava con la cantidad de 90.000 euros, y a la de Vizcaya con 60.101 euros, especificando que en el caso de Álava sus gestores cometieron una “sanción grave” por girar una remesa valorada en 30.000 euros, informa Europa Press.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a las Asociaciones de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Alava y Bizkaia por utilizar “sin la debida habilitación o competencia” los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial. En el caso alavés, la multa asciende a 90.000 euros, y en el vizcaíno llega a los 60.101.

Además, según la resolución de la AEPD, la Cámara de la Propiedad de Alava procedió a girar cuotas a todos los socios de la extinta Cámara Oficial, por valor de 30.000 euros, “cometiendo infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos personales”.

El Consejo de Ministros ha autorizado un suplemento de crédito, por importe de 1,1 millón de euros, en la Agencia Española de Protección de Datos, destinado a financiar gastos corrientes en bienes y servicios por el incremento de la propia actividad de este organismo.

En concreto, esta aportación irá destinada al mantenimiento de equipos informáticos (servicio ‘posting’), así como a las comunicaciones telefónicas (web, correo de empresas) y postales.

Además, se financiarán los gastos corrientes derivados de la gestión y recaudación en vía de apremio de sanciones impuestas por infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Convenio con la Agencia Estatal de la Administración Tributaría).

La Agencia de Protección de Datos ha admitido a trámite una reclamación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra el sistema en la que la asociación de defensa de conductores se quejaba de que no garantiza los derechos de los ciudadanos respecto a la Ley de Protección de Datos.
Así, AEA se queja de que no se ha informado a los ciudadanos de modo expreso de que la vigencia de su carné está condicionado al mantenimiento de un número de puntos. Asimismo, critica que en el Registro Oficial de Conductores e Infractores se ha creado un nuevo campo en el que se refleja el número de puntos que se restan por infracciones cometidas del que ni se ha informado a los ciudadanos ni a la Agencia de Protección de Datos. Tampoco se ha puesto en su conocimiento que existe un fichero en el que se anota la pérdida de crédito y al que se puede acceder; ni de que los conductores pueden ejercer el derecho a rectificación y cancelación si existe algún error y a ser indemnizados en el caso de que se haya causado algún daño al conductor afectado.

Entre los peligros que pueden conllevar el uso de Internet por parte de los menores cabe destacar todo lo relativo a los datos personales, por ello es necesaria su protección. Tanes así que el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, ha reclamado que se debe incluir en los programas educativos materias relativas a la privacidad y la protección de datos en las nuevas tecnologías.

El máximo responsable de la AEPD ha señalado en Estrasburgo, donde ha tenido lugar la 30 Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad. que “la formación de menores en el uso de las nuevas tecnologías, con sus riesgos y sus ventajas, es insuficiente”, por lo que desconocen “cómo ejercer un verdadero control en internet sobre su información personal”.

La Agencia de Protección de Datos ha comunicado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) que ha impuesto una sanción a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del promotor Enrique Ortiz, por el listado de solicitantes de viviendas en el Plan Rabasa. La multa asciende a 601.01 euros ya que se trata de una infracción leve, según informó ayer la citada plataforma.
El colectivo señaló ayer a través de un comunicado que la Agencia de Protección de Datos le ha dado la razón en su denuncia “de utilización sesgada de la voluntad de esas más de 7.000 personas, que acudieron de buena fe en busca de vivienda, encontrándose con una manipulación de sus intenciones y, al fin y a la postre, defraudadas den sus esperanzas”.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, solicitó hoy el “compromiso real y efectivo” de organismos y autoridades educativas, tanto de carácter internacional como nacional, para que la formación en materia de privacidad en el ámbito de las nuevas tecnologías sea trasladado a los programas de estudio.

   Durante su intervención en la 30ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad que se está celebrando en Estrasburgo, Rallo calificó de “insuficiente” la educación de los menores en este apartado.

   Así, explicó que “en las escuelas no se aprende a controlar la información personal ni a identificar los riesgos que presenta la sociedad de la información en el ámbito de la privacidad”. En este sentido, destacó que “los menores no conocen cómo ejercer un verdadero control en Internet sobre su información personal”.

La Agencia Española de Protección de Datos -AEPD- ha recurrido la decisión del Consejo General del Poder Judicial de impedirle investigar en los juzgados. La oficina abrió en mayo una investigación en los juzgados de Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y A Coruña tras recibir la denuncia del hallazgo de informes policiales y datos de menores en la basura, pero se ha encontrado con la negativa del Poder Judicial de investigar en los juzgados.
El director de la AEPD, Artemi Rallo, señaló ayer en Valencia que ya han realizado “numerosas inspecciones concretas a juzgados. Hay una resolución del Consejo General del Poder Judicial que limita esa capacidad inspectora que nosotros hemos recurrido. Esperamos que se resuelva de forma que todas esas inspecciones se puedan realizar con total normalidad para dilucidar la responsabilidad de la mala custodia de documentación”. El ente ha recurrido ante el propio Poder Judicial.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) mostró hoy su “preocupación” por el “uso habitual en el lugar de trabajo, por parte de los empleados, de sistemas de intercambio de archivos para descarga de películas o música, entre otras, ya que son “amenazas muy serias para el tratamiento de la información personal, y están provocando efectos demoledores al poner en internet a disposición de cualquier ciudadano información personal muy relevante”, según palabras del director de la Agencia, Artemi Rallo.

   En este sentido, Rallo realizó un “llamamiento urgente” a las entidades responsables para que revisen la pertinencia de este tipo de dispositivos en los ordenadores.”Hasta este momento llevamos casi una decena de procedimientos sancionadores que tienen que ver con esta práctica, nos quedan más de 30 y nos llegan nuevas denuncias”, subrayó.

A la Agencia Española de Protección de Datos se le está acabando la paciencia con Mapfre, la mayor aseguradora de España, ya que acumula varias multas por el incumplimiento de la ley que garantiza el buen uso de la información sensible de sus clientes.

La gota que ha colmado el vaso de la institución, que vela por la defensa de los datos de carácter personal de los españoles, son dos denuncias de sendos clientes de Mapfre CajaSalud que suscribieron una póliza de asistencia sanitaria. Posteriormente, estos dos clientes recibieron un envío postal con una oferta de Mapfre Automóviles, por lo que acudieron a la Agencia de Protección de Datos “considerando que el origen de los datos utilizados en el envío proceden de los facilitados a Mapfre CajaSalud” y, por tanto, denunciando “la cesión de sus datos de carácter personal sin su consentimiento”.