La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el organismo oficial dedicado a velar por la protección de datos y los derechos de los ciudadanos en dicha materia, sancionó hace algún tiempo a una cadena hotelera mallorquina por uso indebido del currículo de un aspirante a recepcionista.
El perjudicado lo había entregado a otro hotel de otra empresa y desde allí se remitió a la cadena expedientada, que contactó con el trabajador.
La AEPD abrió un expediente en 2004 tras tener conocimiento de que el grupo hotelero había usado datos del aspirante a un puesto de trabajo de forma supuestamente irregular. Los inspectores de la agencia hablaron con responsables del hotel de la cadena desde donde se había llamado por teléfono al perjudicado para concertar con él una entrevista de trabajo. Estos responsables admitieron en primera instancia que el currículo del recepcionista se lo habían pasado vía fax desde otro hotel de la competencia, donde lo había depositado personalmente el trabajador.

Según publica en su edición de hoy el diario “El Público”, la sanción de sesenta mil euros –diez millones de las antiguas pesetas- impuesta a la empresa municipal, viene motivada por la falta grave cometida por EMUVYSSA, al no proteger debidamente, la información privada de 333 solicitantes de VPO, en la promoción de las noventa viviendas del edificio “Mediterráneo”, a las que optaban 997 solicitantes.
Durante varios días, según el rotativo madrileño, se pudo acceder sin ningún problema al DNI, dirección, teléfono móvil, estado civil y números de cuenta, de la tercera parte del total de los solicitantes, lo que según la resolución de la Agencia Española de protección de Datos, “pudo causar una gran alarma e inquietud”.

El padre del discapacitado que apareció en un video de YouTube siendo objeto de mofas y vejaciones recurrirá la sanción de 1.500 euros que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a los autores de las imágenes, según anunció en declaraciones a Europa Press.

Este ciudadano de Móstoles (Madrid), José Martín, recibió hoy la llamada del director de la AEPD, Artemi Rallo, y después de intercambiar opiniones sobre el informe que determina esta sanción le comunicó su intención de recurrir esta decisión por la vía judicial.

 Martín aseguró en las últimas horas que la multa es “ridícula y vergonzosa”. “Las multas graves pueden oscilar entre 60.000 y 300.000 euros, y en cambio aquí, en este informe que no tiene ni pies ni cabeza, se disminuyen continuamente las culpas de quienes grabaron el video de mi hijo”, manifestó.

Un vecino de Móstoles de 46 años aparecía ridiculizado en un vídeo que se publicó en YouTube en septiembre de 2007 sin su permiso. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 1.500 euros al dueño del ordenador desde el que se subió el vídeo a la Red, por usar datos personales ajenos sin consentimiento.

El responsable, de 20 años, fue localizado por la huella que dejó en Internet. “Cuando lo vi por la televisión me sobrecogió”, declaró el joven entonces. También dijo que fue él quien retiró los vídeos, tras ver el daño que había causado. Por eso la AEPD decidió rebajar la multa, que podría haber llegado a 300.000 euros.

Las denuncias de la Policía Local de Ourense han dado pie a diversos procedimientos sancionadores por parte de la Agencia de Protección de Datos en los últimos meses. Así, esta institución resolvía el pasado 1 de septiembre sancionar con 12.000 euros a Cableuropa después de que un agente municipal de Ourense encontrase a través del ‘eMule’ un fichero con datos de clientes de la compañía. En concreto, se trataba de dos tablas -una con 23.600 registros y otra con 20.601- en las que constaban los nombres y apellidos, teléfonos y direcciones de los clientes. La resolución señala ‘la especial cautela que una empresa del sector de las telecomunicaciones debe observar en las garantías de seguridad de datos’.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido hoy una resolución en la que sanciona con 30.000 euros a la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización San Miguel, en Náquera, por publicar datos personales de los vecinos morosos en zonas publicas del barrio.
Desde mediados del pasado año, la Entidad encargada del mantenimiento de la urbanización publicaba en el Centro Social, de propiedad municipal, los datos de aquellos vecinos que no pagaban la cuota anual.
Según ha explicado el presidente de la Asociación de Vecinos, Álvaro Cuadrado, en 1989 entró en vigor el sistema impositivo local en Náquera que se unía así al pago de la cuota a la Entidad de Conservación y, desde entonces, los vecinos de las urbanizaciones estaban, segúu opinión, sometidos al pago de “dobles impuestos”.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava y a la de Vizcaya, que nacieron al extinguirse las antiguas Cámaras de la Propiedad Urbana, multas por importe de 90.000 y 60.101 euros, respectivamente. La AEPD les ha sancionado por utilizar “sin la debida habilitación o competencia” los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial.

Tras la extinción, los antiguos gestores de la Cámara de Álava y los de la de Vizcaya crearon unos organismos similares, pero de carácter privado. Con el objetivo de financiarse, la alavesa utilizó la base de datos de la antigua entidad y giró nuevos recibos a varios miles de antiguos clientes.

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava con la cantidad de 90.000 euros, y a la de Vizcaya con 60.101 euros, especificando que en el caso de Álava sus gestores cometieron una “sanción grave” por girar una remesa valorada en 30.000 euros, informa Europa Press.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a las Asociaciones de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Alava y Bizkaia por utilizar “sin la debida habilitación o competencia” los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial. En el caso alavés, la multa asciende a 90.000 euros, y en el vizcaíno llega a los 60.101.

Además, según la resolución de la AEPD, la Cámara de la Propiedad de Alava procedió a girar cuotas a todos los socios de la extinta Cámara Oficial, por valor de 30.000 euros, “cometiendo infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos personales”.

La Agencia de Protección de Datos ha comunicado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) que ha impuesto una sanción a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del promotor Enrique Ortiz, por el listado de solicitantes de viviendas en el Plan Rabasa. La multa asciende a 601.01 euros ya que se trata de una infracción leve, según informó ayer la citada plataforma.
El colectivo señaló ayer a través de un comunicado que la Agencia de Protección de Datos le ha dado la razón en su denuncia “de utilización sesgada de la voluntad de esas más de 7.000 personas, que acudieron de buena fe en busca de vivienda, encontrándose con una manipulación de sus intenciones y, al fin y a la postre, defraudadas den sus esperanzas”.

Instaló cámaras ocultas en las macetas. Una de ellas enfocaba directamente al balcón de una vecina, la que denunció los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos.

A este vecino de Canarias le ha costado 600 euros instalar diversas video-cámaras en su terraza, varias de ellas dentro de macetas con un orificio para la captación de imágenes.