Así, los datos que podrían tenerse en cuenta serían los nombres, fecha de nacimiento, dirección del domicilio, e información de tarjetas de crédito, así como el direccionamiento IP y los datos de cada una de sus sesiones. La implementación de la directiva supone un importante cambio con respecto al actual sistema de cumplimiento de leyes que tienen los ISPs, ya que los requisitos mínimos exigidos por la UE se vuelven mucho más exigentes que la directiva que se encontraba en vigor desde el año 2005.

Los partidarios reclaman que la nueva Directiva es necesaria para que tanto la policía, como las agencias de inteligencia y seguridad, tengan un mayor control sobre los datos que se intercambian en las comunicaciones por la red, y poder ofrecer así una política de seguridad mucho más eficiente que la actual. Se cree que la disponibilidad de los datos permitirá llevar a cabo una investigación más profunda en los casos de terrorismo, y ayudará a perseguir las causas y hacer cumplir las leyes judiciales.

La Agencia de Protección de Datos ha sancionado al Ayuntamiento por una infracción calificada como de muy grave. Los hechos se remontan a la época en que el mismo estaba presidido por el ex-alcalde Jesús Sepúlveda, dimitido tras su imputación en el Caso Gürtel. Doscientos cuatro vecinos presentaron alegaciones a los proyectos de Ordenanzas Municipales, manifestando su desacuerdo con las mismas. El rechazo de estas alegaciones se tradujo en que los nombres, apellidos, números de DNI y domicilio de estos 204 vecinos de Pozuelo fueron publicados en la página Web del Ayuntamiento.

El secretario general del Sindicato Médico, Isidre Torres, aseguró que, tras la sentencia del médico de Artà, la implantación de la receta electrónica ha generado una gran preocupación entre los profesionales sanitarios debido a que tienen miedo de que alguien utilice de forma fraudulenta su firma electrónica.
Por ello, solicitan a la conselleria de Salud que organice unas jornadas para explicar a los sanitarios las consencuencias que puede tener la?Ley de Protección de Datos en la firma electrónica.
Torres denunció el “silencio y la parálisis total” de la conselleria de Salud ante la solicitud del sindicato de que se den más garantías a los médicos respecto a la firma electrónica.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el organismo oficial dedicado a velar por la protección de datos y los derechos de los ciudadanos en dicha materia, sancionó hace algún tiempo a una cadena hotelera mallorquina por uso indebido del currículo de un aspirante a recepcionista.
El perjudicado lo había entregado a otro hotel de otra empresa y desde allí se remitió a la cadena expedientada, que contactó con el trabajador.
La AEPD abrió un expediente en 2004 tras tener conocimiento de que el grupo hotelero había usado datos del aspirante a un puesto de trabajo de forma supuestamente irregular. Los inspectores de la agencia hablaron con responsables del hotel de la cadena desde donde se había llamado por teléfono al perjudicado para concertar con él una entrevista de trabajo. Estos responsables admitieron en primera instancia que el currículo del recepcionista se lo habían pasado vía fax desde otro hotel de la competencia, donde lo había depositado personalmente el trabajador.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha creado el fichero de Gestión de Enfermedades de Transmisión Sexual (GeTS), para la prevención, control y tratamiento de este tipo de enfermedades.

Una nota de la Consejería indica que este fichero se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica, que regula la protección de datos de carácter personal, y su finalidad será la gestión de los datos que manejan los centros dedicados a la prevención, control y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El acceso al fichero se realiza en modo remoto por un equipo multidisciplinar de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y administrativos que ofrecen información gratuita y confidencial, realizan pruebas sexológicas y realizan consultas y seguimiento médico y psicológico, así como asesoramiento social.

Las personas de las que se recabarán los datos que conformen el fichero serán los pacientes, familiares de éstos o personas allegadas y según la Consejería, los procedimientos de la recogida de datos se llevarán a cabo a través de entrevistas o encuestas directas, mediante consultas médicas o psicológicas.

El PP de Godella denunció ayer una posible vulneración de la ley de protección de datos cometidos por una empresa contratada por el Ayuntamiento para realizar el censo para la nueva ordenanza de tasa de basuras.
Según el portavoz del PP, Jesús Antuña, la empresa que se dedica a ahora llamar a varias familias para intentar a su casa e intentar inspeccionar las zonas verdes es la misma que provocó graves pérdidas económicas al Ayuntamiento, asumidas en los presupuestos del pasado año, como consecuencia de las más de 2.000 reclamaciones presentadas en su día contra el consistorio al intentar cobrar como zona verde “a vecinos que tenían dos macetas”.

En primer lugar es importante conocer qué requisitos tienen que darse para la inscripción y qué medidas pueden ejercerse a consecuencia de la misma. De un modo resumido diremos que sólo se puede inscribir una deuda –aunque sea pequeña- que ya está fuera de plazo respecto a la fecha de pago (“deuda cierta, vencida, exigible e impagada”, según la actual legislación de morosos) y que no esté siendo discutida en los juzgados por el reclamante y el reclamado. En este grupo de factura puede entrar desde la del teléfono, una mensualidad de la tarjeta de crédito o una cuota de la hipoteca. Otro requisito es que debe efectuarse un requerimiento previo de pago y no pueden haber transcurrido más de seis años desde que debía abonarse la deuda.

Los médicos de familia B. B. y J. F. coinciden a diario en el Centro de Salud de Artà. Con una particularidad. El primero acaba de ser condenado por la Audiencia Provincial de Palma a tres años y tres meses de prisión -”se va para dentro”, afirman asombrados los letrados con experiencia en casos de negligencia-, además de nueve años de inhabilitación absoluta, a resultas de una denuncia del segundo. Este afirma que “en el trabajo diario cumplimos los objetivos, los pacientes no lo perciben”. Sin embargo, la onda expansiva de la sentencia se ha propagado ya a la clase médica balear. El fallo modificará la relación de la profesión sanitaria con su ordenador, puesto que se debe al acceso a los datos informáticos de la víctima, en violación de la Ley de Protección de Datos. Importantes administrativistas estatales ya se han hecho con una copia de la resolución judicial. Según afirma Juan José Talens, abogado especializado en estas cuestiones, “es una sentencia pionera en toda España, porque da el paso de las sanciones administrativas a las penales. Los catedráticos de Derecho están muy interesados, y la sorpresa generada demuestra el contraste entre conciencia social y tipo penal”.