Casi la mitad de los usuarios de redes sociales en España permite el libre acceso a toda la información personal que ha colgado, y muchos lo hacen por desconocimiento, con el consiguiente riesgo para su intimidad, advirtió el jueves la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En España hay unos ocho millones de usuarios de redes sociales (un 44,6 por ciento del total), según datos del Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación (INTECO), y un 43 por ciento de ellos permite el libre acceso a su perfil, donde puede haber aportado información delicada, como ideas políticas, orientación sexual, creencias religiosas o fotografías suyas y de terceros.

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de Gobierno que abra una investigación para conocer quién está facilitando información a la empresa Multas Asistencias S.L. Según la edil socialista Marta Meléndez, tres ciudadanos han interpuesto una denuncia en la Policía Local a la empresa por la utilización indebida de sus datos personales. Meléndez señaló que el personal de Multas Asistencias S.L. «se pone en contacto con aquellos infractores de tráfico para negociarles la multa por 40 euros, denuncias que, la mayoría, están prescritas de oficio».

La consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, señaló que investigará “si la labor de vigilancia y custodia, se ha ejecutado correctamente” en los Sotos de Alfaro. No obstante, recordó que cuando se trata de un expediente de particulares, la Administración “no puede dar ninguna información” ya que “están protegidos por la Ley de Protección de Datos”.

Una firma estadounidense de análisis forense informático asegura que el 40% de los discos duros que ha adquirido recientemente en grandes volúmenes a través de eBay contenían información sensible, privada y personal. El tipo de información todavía disponible en las unidades incluía desde datos financieros corporativos hasta historiales de navegación Web.

Con fecha 17 de diciembre de 2007, el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) formuló denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), frente a la Real Federación Española de Ciclismo y Unión Ciclista Internacional (UCI), manifestando que esta última, estaba vulnerando los derechos de los afiliados a ACP, al publicar, a través de Internet, datos de los ciclistas facilitados por la RFEC, denuncia que ha sido desestimada y archivada.

La AEDP, el pasado 14 de enero de 2009, acordó el archivo de las actuaciones iniciadas a instancia de la ACP, al considerar, de un lado, que, la transferencia internacional de datos denunciada, resulta conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos, al haberse obtenido previamente el consentimiento expreso de los federados para la cesión de los mismos a la UCI –ya que, el ciclista federado, asume las normas de la Federación a las que se somete y lo mismo ocurre con las reglas de la UCI, previéndose esta circunstancia expresamente, en ambas normativas -.

Según publica en su edición de hoy el diario “El Público”, la sanción de sesenta mil euros –diez millones de las antiguas pesetas- impuesta a la empresa municipal, viene motivada por la falta grave cometida por EMUVYSSA, al no proteger debidamente, la información privada de 333 solicitantes de VPO, en la promoción de las noventa viviendas del edificio “Mediterráneo”, a las que optaban 997 solicitantes.
Durante varios días, según el rotativo madrileño, se pudo acceder sin ningún problema al DNI, dirección, teléfono móvil, estado civil y números de cuenta, de la tercera parte del total de los solicitantes, lo que según la resolución de la Agencia Española de protección de Datos, “pudo causar una gran alarma e inquietud”.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria ha elaborado un decálogo audiovisual con consejos de uso de las redes sociales para los más jóvenes, que estará disponible desde mañana en el portal con motivo de la celebración del Día Internacional por una Internet más Segura.

En la iniciativa ‘Chaval.es’ participan diferentes portavoces de instituciones y site de referencia como el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo; el director de Comunicación de Tuenti, Ícaro Moyano; y la directora regional de Sulake, propietaria de la red Habbo Hotel, Simonetta Lulli.

Centenares de solicitudes de empleo que contienen información de carácter personal abandonados en un garaje del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (IU-PSOE). Es lo que denuncia el PP de la localidad, que pondrá en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), para que ésta abra diligencias preliminares e inicie una investigación al respecto.

Los populares de Rivas aseguran que el Gobierno Municipal ha descuidado “este material sensible durante meses y podría estar cometiendo una infracción”. Además, dicen que hay “cantidades de expedientes, actas de Juntas de Gobierno, trámites administrativos, etc, y todo ello en un deplorable estado de conservación, exponiéndose a su deterioro”.

El padre del discapacitado que apareció en un video de YouTube siendo objeto de mofas y vejaciones recurrirá la sanción de 1.500 euros que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a los autores de las imágenes, según anunció en declaraciones a Europa Press.

Este ciudadano de Móstoles (Madrid), José Martín, recibió hoy la llamada del director de la AEPD, Artemi Rallo, y después de intercambiar opiniones sobre el informe que determina esta sanción le comunicó su intención de recurrir esta decisión por la vía judicial.

 Martín aseguró en las últimas horas que la multa es “ridícula y vergonzosa”. “Las multas graves pueden oscilar entre 60.000 y 300.000 euros, y en cambio aquí, en este informe que no tiene ni pies ni cabeza, se disminuyen continuamente las culpas de quienes grabaron el video de mi hijo”, manifestó.

Patxi López en su camino hacia la Lehendakaritza esta dispuesto a hacer uso de cualquier herramienta con tal de conseguir un puñado de votos y spamear a la sociedad vasca es una de ellas. El PSE no tiene ningún pudor en incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) con tal de conseguir un puñado de votos.

El PSE estaría incumpliendo la LOPD al incluir datos personales sujetos a esta ley en una base de datos sin el consentimiento expreso del titular y la LSSI al proceder al envió de spam o correo basura.