La Agencia Española de Protección de Datos ha comunicado a la Dirección General de la Policía que ha cometido una falta muy grave por el tratamiento que le está dando a la información confidencial de los agentes. La oficina ha actuado tras constatar que la Jefatura Superior de Valencia permitió que varios agentes conocieran que un compañero destinado en la comisaría del Marítimo tenía una enfermedad mental. La institución ha ordenado a Interior que cambie los formularios utilizados para comunicar las bajas para evitar que se produzcan nuevas filtraciones. La Administración y las empresas no están autorizadas a conocer las causas que motivan las bajas por enfermedad o accidente de los funcionarios y trabajadores.

El caso por el que acaba de actuar la Agencia se produjo en Valencia. El agente del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la comisaría del Marítimo tuvo que comunicar que padecía una enfermedad mental cuando entregó su arma el 5 de octubre. En concreto, el impreso de retirada del arma precisaba que sufría “una enfermedad de origen psíquico”. El impreso lo rellenó un compañero porque el agente afectado estaba en su casa.

El policía denunció el caso ante la Agencia Española de Protección de Datos tras constatar que el régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado establece que “en caso de enfermedad o accidente, los datos del diagnóstico irán codificados en los tres ejemplares (el del trabajo, el de la Mutua y el del afectado). El ejemplar para el mutualista”, en este caso el policía, “será el único que contenga la información del diagnostico”.

El pasado año seis de cada diez empleados en Estados Unidos sustrajeron datos de las compañías para las que trabajaban cuando las abandonaron, según revela una investigación.

 El estudio llevado a cabo por el Instituto Ponemon señala que los trabajadores usaron la información que se robaron para encontrar un nuevo trabajo, empezar su propio negocio o vengarse.

La firma de investigación realizó una encuesta entre 945 empleados estadounidenses que fueron despedidos o cambiaron de trabajo en los últimos 12 meses.

Diez años después de su aprobación, el 84% de las farmacia de Salamanca no cumple con lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos, un porcentaje similar al que se registra en el panorama nacional. Así lo recoge un estudio elaborado por Eniac Formación Salamanca, que ayer ofreció una jornada divulgativa a unos 30 profesionales para aclarar sus dudas respecto a una normativa cuyo Reglamento se publicó en 2007.

Las infracciones en materia de protección de datos llevan aparejadas sanciones que oscilan “entre 600 y 600.000 euros”, apuntó Gómez, quien aseveró que “estas multas se están imponiendo” y remarcó que “en la página web de la Agencia de Protección de Datos se pueden contemplar todas las sentencias”.

La Agencia Catalana de Protección de Datos ha aprobado una instrucción sobre vídeo-vigilancia que a partir de mañana regulará esta práctica entre administraciones, universidades y entes públicos, que estarán obligados a informar al público sobre la existencia de estos sistemas de grabación.

La instrucción, que hoy publica el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), asume gran parte del contenido vigente desde 2006 por una instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos, que ya era de obligado cumplimiento.

En la instrucción, que entrará en vigor a partir de mañana, se especifica el deber de información al público sobre la existencia de las cámaras a través de carteles informativos -con un patrón común-, y la existencia de redactar una memoria justificando la finalidad, las características técnicas y las formas de conservación de las imágenes.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) iniciará un “procedimiento de declaración de infracción de Administraciones Públicas” para determinar si la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cometió una irregularidad al abandonar fichas y archivos que contienen datos sobre los presos durante el cierre de la cárcel de Carabanchel en 1998, según un comunicado que la Agencia envió el pasado 13 de enero a la Plataforma por un Centro por la Paz y la Memoria en el centro penitenciario.

El portavoz de esta Plataforma vecinal, Julián Rebollo, señaló que, con este procedimiento, la AEPD da respuesta a una denuncia que presentaron contra el departamento dirigido por Mercedes Gallizo el 19 de febrero de 2008 y en la que se adjuntaron documentos que contienen datos de carácter personal referentes a los internos del centro penitenciario.

Cualquiera puede acceder a la cuenta de otro usuario con sólo conocer dónde vive y la respuesta a una “pregunta de seguridad” que en muchos casos es tan fácil de averiguar como su teléfono, el nombre de su mascota o su cantante favorito.
Consumidores en Acción ha denunciado a Microsoft, Yahoo y Google ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por un grave problema de seguridad en sus servicios de correo electrónico.

Y es que cualquiera puede acceder a la cuenta de correo de otro usuario con sólo conocer dónde vive y la respuesta a una “pregunta de seguridad” que en muchos casos es tan fácil de averiguar como su número de teléfono, el nombre de su mascota o su cantante favorito.

Hoy se pone en marcha el registro nacional de delincuentes sexuales. Es una base de datos en la que los jueces podrán consultar las órdenes de búsqueda y la peligrosidad de los sospechosos. Pretende prevenir la reincidencia y nace tras la polémica por el asesinato de la niña Mari Luz Cortés a manos de Santiago de Valle, que tenía una pena pendiente por abusar de otra menor.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha advertido de los problemas de privacidad derivados de registrarse en estos sitios, que en España son frecuentados por ocho millones de usuarios, el 44 por ciento de los internautas. Entre los problemas detectados está la dificultad para darse de baja del servicio. Es un proceso «complejo e intrincado» -dijo el director de la AEPD, Artemi Rallo- no sólo en cuanto a los trámites sino también por la dificultad para conseguir la baja efectiva: las webs desactivan el perfil pero no eliminan la información publicada en los perfiles de otros usuarios.

La consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico va a implantar un sistema de videovigilancia en el transporte público, iniciativa que ya está a modo de prueba en el servicio nocturno de la línea entre Santander y El Astillero y que, con el tiempo, se instalará en todos los autobuses que sirven en el transporte público regional. Así lo manifestó el consejero de Industria, Javier del Olmo, en la presentación del ‘búho’ que reforzará el servicio de autobuses nocturno con Santoña con motivo de los carnavales.

Frente a reticencias o problemas legales por la grabación de imágenes, el consejero resaltó que el archivo de las imágenes que captan las cámaras «cumple la legalidad vigente en materia de protección de datos», mediante el correspondiente registro en la Agencia Nacional de Protección de Datos. Además, según Del Olmo, se ha redactado un protocolo de actuación de seguridad, «que garantiza la integridad en el tratamiento de los datos».

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recogido en los últimos días la primera denuncia de un ciudadano debido a una “suplantación de su personalidad” a través de una red social. A consecuencia de este hito, la agencia investiga dos redes sociales internacionales y una tercera “importante” web española.