Las denuncias de la Policía Local de Ourense han dado pie a diversos procedimientos sancionadores por parte de la Agencia de Protección de Datos en los últimos meses. Así, esta institución resolvía el pasado 1 de septiembre sancionar con 12.000 euros a Cableuropa después de que un agente municipal de Ourense encontrase a través del ‘eMule’ un fichero con datos de clientes de la compañía. En concreto, se trataba de dos tablas -una con 23.600 registros y otra con 20.601- en las que constaban los nombres y apellidos, teléfonos y direcciones de los clientes. La resolución señala ‘la especial cautela que una empresa del sector de las telecomunicaciones debe observar en las garantías de seguridad de datos’.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto una multa de 30.000 euros a la junta directiva de la Entidad de Conservación de la urbanización San Miguel, de Nàquera, por publicar, sin consentimiento de varios vecinos, sus datos personales en los tablones de anuncios de las zonas públicas del barrio.
 
Según la Agencia -que ha dado a los denunciados un plazo de 15 días para alegar antes de hacer una resolución en firme-, con la publicidad que la Entidad ha dado a esta información, ha infringido el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) “ya que no ha acreditado la obtención del consentimiento de los afectados para publicar unos datos relativos a ellos”.

Tal y como anunciaron hace varios días, los padres de los niños objetores cuyos nombres y apellidos salieron publicados en el BOJA del pasado 1 de octubre, no se han quedado parados. Aunque la Fiscalía de Sevilla decidiera archivar el caso y no actuar contra la Consejería de Educación pese a que dejó muy claro que la Junta de Andalucía había vulnerado el derecho a la protección de la intimidad de los menores.
Ahora los padres reclaman a la consejera de Educación que reconozca voluntariamente «su responsabilidad sin que haya que mediar resolución de los tribunales».

El ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, se comprometió ayer a adoptar rádidas medidas contra el tráfico de datos personales y bancarios, ante un nuevo escandalo de robo de información que afecta a unos 21 millones de ciudadanos. El gobierno federal abordará la cuestión en el próximo Consejo de Ministros, mañana, anunció Schäuble, con el objetivo de atajar cuanto antes este nueva forma de delincuencia y tráfico en el mercado negro de datos personales.
La compra venta en el mercado negro de datos como nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de cuentas y detalles sobre el patrimonio de los titulares se ofertan en el mercado negro por unos doce millones de euros, según pudo comprobar el semanario Wirtschaftswoche.

La Sociedad General de Autores (SGAE) asegura que los tribunales han ratificado la “licitud y legalidad” de la grabación de una boda por parte de un detective contratado por la entidad para aportarla en un procedimiento judicial.

En un comunicado remitido a EFE, SGAE señala que la información transmitida por EFE el pasado 7 de diciembre con el titular “Multada la SGAE con 60.101 euros por grabar una boda sin permiso”, responde a una sanción efectivamente impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos en diciembre de 2007 por considerar que la grabación y la aportación a un juicio de imágenes grabadas en un establecimiento dedicado a las bodas constituían una infracción grave.

SGAE señala que esa resolución, actualmente recurrida, “se apartó en su momento del criterio del instructor del expediente que consideraba válido el uso ante el Juzgado de la grabación”.

El 95% de los consumidores creen que las empresas no hacen lo suficiente por proteger su información personal.

El cuidado de las compañías de la Unión Europea para salvaguardar los datos personales de sus trabajadores y clientes queda cada vez más puesto en entredicho.

Tan sólo el 78 por ciento de las empresas comunitarias dispondrían de medios específicos para deshacerse correctamente de documentos que conlleven un riesgo para sus públicos externos e internos. Así lo hace saber un estudio realizado por la empresa fabricante de material para oficina, Fellowes, en Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemania y Holanda.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido hoy una resolución en la que sanciona con 30.000 euros a la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización San Miguel, en Náquera, por publicar datos personales de los vecinos morosos en zonas publicas del barrio.
Desde mediados del pasado año, la Entidad encargada del mantenimiento de la urbanización publicaba en el Centro Social, de propiedad municipal, los datos de aquellos vecinos que no pagaban la cuota anual.
Según ha explicado el presidente de la Asociación de Vecinos, Álvaro Cuadrado, en 1989 entró en vigor el sistema impositivo local en Náquera que se unía así al pago de la cuota a la Entidad de Conservación y, desde entonces, los vecinos de las urbanizaciones estaban, segúu opinión, sometidos al pago de “dobles impuestos”.