Indignación, impotencia, frustración, desconcierto…«y cara de tonto». José Pérez Lozano resume así el particular calvario que ha vivido en los dos últimos años con Telefónica. La pesadilla de este informático malagueño comenzó en febrero de 2006. Un buen día llegó a casa y su vecina le entregó un paquete de dicha compañía con un kit de ADSL que él, insiste, no había solicitado. Acto seguido, el que hasta entonces era su operador, Terra, le dio de baja por traspaso. También sin su consentimiento.

Aturdido, y sin poder conectarse a Internet, Pérez comenzó a investigar y entendió que había sido víctima del ’slamming’; una práctica ilegal fruto de la fuerte competencia entre compañías y que consiste en traspasar de forma irregular a los usuarios, sin que estos sean conscientes ni siquiera den su visto bueno. Dispuesto a tomar represalias, José trasladó su caso a la Agencia de Protección de Datos, que ahora le ha dado la razón imponiendo a Telefónica una multa de 60.000 euros por infracción grave. Eso sí, cabe recurso.

Los constructores integrados en la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción (Upeco), en la que se aglutinan 240 firmas, acordó ayer en asamblea general extraordinaria denunciar al Ayuntamiento de Huelva ante la Agencia Nacional de Protección de Datos por el proceso seguido en la revisión del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO). Upeco encargó un informe a un bufete fiscal, que concluye que “no es legal” que una empresa privada participe en el procedimiento de inspección y revisión de los impuestos municipales, proceso que, según los expertos, “adolece de los mínimos requisitos”

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) prohíbe el tratamiento ilegal de datos personales sin el consentimiento del interesado. Difundir imágenes personales sin permiso es delito. La sanción llega a 600.000 euros.

“La instalación de sistemas de cámaras y videocámaras se ha extendido de forma indiscriminada entre las empresas, las instituciones públicas y los ciudadanos”, explica Antonio Troncoso, director de la Agencia de Datos de la Comunidad de Madrid. “Su implantación puede colisionar con la protección de datos personales. La Ley de Protección de Datos es aplicable al tratamiento de este tipo de casos, realizados por cualquier entidad o por particulares. La grabación por cualquier ciudadano de imágenes con finalidad diferente de la doméstica (por ejemplo, por seguridad o para darlas a conocer en Internet) se somete también a la LOPD”.

UGT y CC.OO. Madrid están estudiando denunciar al Gobierno regional ante la Agencia de Protección de Datos por difundir el vídeo de las presuntas agresiones al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en su visita al hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda el pasado lunes “sin que haya constancia de consentimiento” de los presentes para su emisión.

   Después de que ayer la Comunidad de Madrid reconociera a cuatro de los sindicalistas que se manifestaron en el Puerta de Hierro, UGT consideró “muy grave que el Gobierno regional difunda imágenes de personas e información que pertenece a la esfera de su intimidad personal”.

   El sindicato señaló en un comunicado que los servicios Jurídicos de FSP UGT Madrid están estudiando la presentación de una denuncia contra la Consejería de Sanidad ante la Agencia de Protección de Datos “por la difusión de estas imágenes a los medios de comunicación y en las que personas concretas son identificadas como sindicalistas, sin que, haya constancia de que hayan prestado consentimiento para que se haga público este u otros datos personales”.

La Agencia Española de Protección de Datos -AEPD- ha recurrido la decisión del Consejo General del Poder Judicial de impedirle investigar en los juzgados. La oficina abrió en mayo una investigación en los juzgados de Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y A Coruña tras recibir la denuncia del hallazgo de informes policiales y datos de menores en la basura, pero se ha encontrado con la negativa del Poder Judicial de investigar en los juzgados.
El director de la AEPD, Artemi Rallo, señaló ayer en Valencia que ya han realizado “numerosas inspecciones concretas a juzgados. Hay una resolución del Consejo General del Poder Judicial que limita esa capacidad inspectora que nosotros hemos recurrido. Esperamos que se resuelva de forma que todas esas inspecciones se puedan realizar con total normalidad para dilucidar la responsabilidad de la mala custodia de documentación”. El ente ha recurrido ante el propio Poder Judicial.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) mostró hoy su “preocupación” por el “uso habitual en el lugar de trabajo, por parte de los empleados, de sistemas de intercambio de archivos para descarga de películas o música, entre otras, ya que son “amenazas muy serias para el tratamiento de la información personal, y están provocando efectos demoledores al poner en internet a disposición de cualquier ciudadano información personal muy relevante”, según palabras del director de la Agencia, Artemi Rallo.

   En este sentido, Rallo realizó un “llamamiento urgente” a las entidades responsables para que revisen la pertinencia de este tipo de dispositivos en los ordenadores.”Hasta este momento llevamos casi una decena de procedimientos sancionadores que tienen que ver con esta práctica, nos quedan más de 30 y nos llegan nuevas denuncias”, subrayó.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, anunció este lunes que su partido exigirá al Gobierno de Manuel Chaves “responsabilidades” en el Pleno del Parlamento de esta semana por la decisión de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) los nombres de objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos (EpC).

En rueda de prensa, Sanz indicó que esta decisión es propia del “sectarismo” del PSOE y de su “obsesión por el adoctrinamiento político”, lo que le lleva a “incumplir” la Ley en materia de protección de datos y a utilizar a las familias para la pelea política, al tiempo que las “amedrenta” para que no ejerzan un derecho como es recurrir en los tribunales.

La compañía de telecomunicaciones, Deutsche Telecom, acaba de confirmar el robo de los datos personales de 17 millones de clientes de su operadora de telefonía móvil T-Mobile.

El portavoz de la compañía alemana, Frank Domagala, confirmó en un comunicado que la pérdida de los datos no incluía los números de cuentas bancarias o tarjetas de créditos de sus clientes.

Únicamente, constó de nombres, fechas de nacimiento y direcciones domiciliarias, como recoge esta mañana la prensa especializada.

Si naciste en Madrid o en Valencia y tus padres decidieron que ibas a ser católico y te bautizaron es muy posible que lo seas toda la vida, pese a que no estés deacuerdo con esa idea. La Iglesia te lo pone muy difícil para poder ejercer tu derecho a apostar (dejar de ser católico), pero en estas dos comunidades no es sólo difícil es casi imposible.

El proceso dura más de un año y cuando al fin recibes una respuesta, te dicen: “El acto de apostasía es un acto personal suyo, que en virtud del respeto a la libertad de conciencia, no nos corresponde a nosotros ni concederlo ni negarlo, sino simplemente acusar recibo”.

Un particular ha sido sancionado por enviar una felicitación navideña masiva a una dirección de email que tenía en su libreta de Outlook por error.

No utilizó la opción CCO o Copia Carbón Oculta.

El caso que vamos a examinar es especialmente curioso: el sancionado, tras responder a un correo electrónico de un usuario que quería darse de baja de su web, el email de esta persona quedó almacenada automáticamente en la libreta de direcciones del sancionado.

De esta forma, cuando procedió a felicitar la navidad, añadió en el campo “Para:” toda su libreta, pensando que eran amigos o conocidos; el error se agrava por el hecho de que dejó a la vista de los destinatarios el resto de personas que también habían recibido ese mismo email.