La Agencia de Protección de Datos ha comunicado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) que ha impuesto una sanción a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del promotor Enrique Ortiz, por el listado de solicitantes de viviendas en el Plan Rabasa. La multa asciende a 601.01 euros ya que se trata de una infracción leve, según informó ayer la citada plataforma.
El colectivo señaló ayer a través de un comunicado que la Agencia de Protección de Datos le ha dado la razón en su denuncia “de utilización sesgada de la voluntad de esas más de 7.000 personas, que acudieron de buena fe en busca de vivienda, encontrándose con una manipulación de sus intenciones y, al fin y a la postre, defraudadas den sus esperanzas”.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, solicitó hoy el “compromiso real y efectivo” de organismos y autoridades educativas, tanto de carácter internacional como nacional, para que la formación en materia de privacidad en el ámbito de las nuevas tecnologías sea trasladado a los programas de estudio.

   Durante su intervención en la 30ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad que se está celebrando en Estrasburgo, Rallo calificó de “insuficiente” la educación de los menores en este apartado.

   Así, explicó que “en las escuelas no se aprende a controlar la información personal ni a identificar los riesgos que presenta la sociedad de la información en el ámbito de la privacidad”. En este sentido, destacó que “los menores no conocen cómo ejercer un verdadero control en Internet sobre su información personal”.

Obligatoriamente, todas las empresas deben adaptarse a lo que marca la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Sin embargo, en la actualidad, de las 3.336.657 empresas que hay en España, el 84% de las empresas no cumplen con la LOPD. Así al menos lo asegura el estudio de INTECO sobre el grado de adaptación de pymes a la LOPD y el nuevo Reglamento de Desarrollo (RDLOPD).
Aunque el informe también refleja que el nivel de concienciación es alto, pues el 82% de las pymes preguntadas para el estudio aseguraron estar concienciadas con la necesidad de cumplir con la legislación, mientras que el 79% confirman su intención de destinar medios (económicos y/o humanos) para adaptarse a la normativa sobre protección de datos.

La Agencia Española de Protección de Datos recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo sobre cancelación de datos en los libros de bautismo. La clave está en el concepto de “fichero” que, según el Alto Tribunal, no es aplicable para las partidas de bautismo. La Agencia de Datos considera, sin embargo, que con esta decisión se “vulneran” derechos fundamentales de los ciudadanos.

La sentencia del Tribunal Supremo establece que los libros de bautismo no pueden ser considerados como ficheros. Sin embargo, desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se entiende que esas partidas sí son ficheros en cuanto a conjunto organizados de datos de carácter personal. Por ello, la AEPD va a solicitar al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia. En caso de no prosperar esta decisión, interpondrán Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Valdemoro por utilizar datos personales de vecinos del municipio sin su consentimiento, según la resolución del procedimiento de infracción de administraciones públicas a la que ha tenido acceso Europa Press.

   Este documento resuelve que el Ayuntamiento ha cometido la infracción de “proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida de carácter personal para los mismos, sin autorización de disposición general, publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente”.

   La condena pone fin a un procedimiento iniciado mediante la denuncia de un miembro de la Asociación de Pensionistas de Valdemoro. Esta Asociación tenía la sede en el Centro Municipal de Mayores, dependiente de la Concejalía del Mayor, Inmigración y Cooperación al Desarrollo.

El Ayuntamiento de Sada dictará un decreto para crear un fichero para la Agencia de Protección de Datos de las imágenes recogidas por los sistemas de videovigilancia instalados en la Casa Consistorial y en el edificio de Servicios Administrativos desde hace meses.
Esta decisión municipal se contradice con lo asegurado por el Gobierno local el pasado agosto cuando, tras una denuncia interpuesta por la Asociación Independiente de la Guardia Civil, aseguró que la instalación de las cámaras de videovigilancia en dependencias municipales había sido puesta en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos, y que el organismo había asegurado que no era necesaria la comunicación de ningún fichero, puesto que no se consideraba “como tal el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción de imágenes en tiempo real”.

Frenazo para el más de medio millar de peticiones de apostasía que estaban por resolver en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y de todas aquellas que pueden seguir llegando.

El director de la AEPD, Artemi Rallo, adelantó ayer que todas estas solicitudes de cancelación de datos en los libros de bautismo quedan suspendidas hasta que nuevas resoluciones judiciales confirmen o se alejen de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado septiembre, que, por primera vez, eximió a la jerarquía eclesiástica de hacer una anotación de apostasía en los libros bautismales

Las Comisiones de Informática y Libertades (CNIL) de los 27 países de la Unión Europea, reunidas a partir del miércoles en Estrasburgo, están determinadas a proteger al máximo los datos sobre la vida privada, mientras Estados Unidos quiere normas menos rígidas.

Un total de 600 congresistas de 70 países asistirán a esta conferencia de tres días sobre ‘La protección de la vida privada en un mundo sin fronteras’.

Según Alex Türk, presidente de la Comisión de Informática y Libertades (CNIL) francesa, los estadounidenses consideran los datos personales casi “como una mercancía”, mientras para los europeos son “un atributo de la personalidad”.

“Ese es el centro del problema y será necesario un acuerdo mundial sobre las medidas comunes de protección”, dijo tras reconocer que la elaboración de una convención internacional “no será para mañana”.

Galicia Bilingüe ha decidido acudir a la Agencia de Protección de Datos para que investigue a la denominada Mesa pola Normalización Lingüística tanto por manejar listas negras de comerciantes y otros empresarios en su campaña por imponer el uso del gallego, como por remitir a estas personas cartas amenazándolas con la supuesta apertura de expedientes para que modifiquen sus usos idiomáticos.

La asociación que defiende la libertad de elección de lengua entiende que la Mesa podría estar vulnerando el derecho a la intimidad de los ciudadanos a los que presiona, con independencia de que sus métodos resulten a todas luces, y desde un punto de vista ya no legal, sino puramente ético, del todo reprobables.

La Iglesia Católica considera el acto de apostatar un pecado de extrema gravedad porque “es el rechazo total de la fe cristiana”.
La palabra apostasía tiene su origen en dos términos griegos (apo), “fuera de” y (stasis), “colocarse”; el significado del acto de apostatar es negar la fe de Jesucristo recibida en el Bautismo.

Sin embargo si hay una religión en la que la apostasía cobra especial relevancia, es sin duda el catolicismo ya que la pertenencia a su iglesia se realiza a través del bautismo a los pocos meses de vida, evidentemente sin la libre elección del bautizado.

Parece que para los representantes eclesiásticos este acto voluntario de renuncia es una conjura contra la que tienen que defenderse sin tregua.