Desde el punto de vista de las normas que regulan la protección de datos de carácter personal, la impresión de documentos en el ámbito laboral es uno de los puntos fundamentales de una correcta política en materia de la confidencialidad, referida no sólo a la documentación sensible propiedad de la empresa, sino también a aquellos documentos que sean susceptibles de contener datos personales y que deban ser objeto de una especial protección.

La clasificación de lo que se considera “confidencial” depende, en última instancia, de una decisión de organización empresarial. Pero es necesario tener en cuenta que no poca información de la que se maneja a diario en la empresa está exenta de contener datos personales, que podrán ir del más básico al más alto nivel de seguridad, en función del tipo de dato que se esté tratando.

En el Diario Oficial de la UE del 25 de octubre de 2008 se ha publicado el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre la Decisión 2008/49/CE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2007, relativa a la protección de los datos personales en la explotación del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), por lo que se refiere a la protección de los datos personales.

El Consejo de Ministros ha autorizado un suplemento de crédito, por importe de 1,1 millón de euros, en la Agencia Española de Protección de Datos, destinado a financiar gastos corrientes en bienes y servicios por el incremento de la propia actividad de este organismo.

En concreto, esta aportación irá destinada al mantenimiento de equipos informáticos (servicio ‘posting’), así como a las comunicaciones telefónicas (web, correo de empresas) y postales.

Además, se financiarán los gastos corrientes derivados de la gestión y recaudación en vía de apremio de sanciones impuestas por infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Convenio con la Agencia Estatal de la Administración Tributaría).

El texto de la pregunta debatida en el plenario, presentada por la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, recoge que la Comisión “no ha tenido en cuenta, para la adopción de esta medida de seguridad, la evaluación de su impacto sobre los derechos fundamentales, como se prevé en la Comunicación sobre el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales en las propuestas de la Comisión y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni la opinión de la Agencia de derechos Fundamentales, ni tan siquiera ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos”.

En este sentido, Meyer explicó que “el uso de estos scanner tiene un grave impacto sobre el derecho a la intimidad, a la protección de datos y de la dignidad personal. La propuesta no aporta garantías suficientes respecto a la privacidad de las imágenes”. Además, “nunca las medidas de seguridad empleadas pueden suponer un riesgo para la salud de los usuarios, y actualmente no hay estudios concluyentes sobre las posibles repercusiones de esta medida sobre la salud”

El Arzobispado de Valencia aseguró que el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia sobre los libros de bautismo al fallar la sección sexta de la Sala de lo contencioso administrativo por segunda vez consecutiva que no constituyen “ficheros de datos”, según informaron fuentes del Arzobispado en un comunicado.

Con ello, el TS estima el recurso de casación presentado por el Arzobispado de Valencia contra un fallo de la Audiencia Nacional del 10 de octubre de 2007 y contra una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, ratificada por el mismo auto de la audiencia, que han sido anuladas ahora también por el Supremo por “no ser ajustadas a derecho”.

La Agencia de Protección de Datos ha admitido a trámite una reclamación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra el sistema en la que la asociación de defensa de conductores se quejaba de que no garantiza los derechos de los ciudadanos respecto a la Ley de Protección de Datos.
Así, AEA se queja de que no se ha informado a los ciudadanos de modo expreso de que la vigencia de su carné está condicionado al mantenimiento de un número de puntos. Asimismo, critica que en el Registro Oficial de Conductores e Infractores se ha creado un nuevo campo en el que se refleja el número de puntos que se restan por infracciones cometidas del que ni se ha informado a los ciudadanos ni a la Agencia de Protección de Datos. Tampoco se ha puesto en su conocimiento que existe un fichero en el que se anota la pérdida de crédito y al que se puede acceder; ni de que los conductores pueden ejercer el derecho a rectificación y cancelación si existe algún error y a ser indemnizados en el caso de que se haya causado algún daño al conductor afectado.

Hay información de su entorno familiar desde que el preso ingresó en la cárcel e información sobre su vivienda habitual, detallando si está ubicada en un entorno marginal, rural o urbano.

El fichero incluye además, la vida laboral de los reclusos, información de todas sus enfermedades, su estado de salud mental y los tratamientos psiquiátricos recibidos incluidos los centros en los que ha sido tratado.

El apartado de drogas es también muy exhaustivo: edad de inicio, tipo de drogas, tiempo de consumo y posibles tratamientos recibidos.

El fichero se llama SISPE (Sistema Informático Social Penitenciario) y va a ser muy útil especialmente para el caso de los maltratadores y pederastas.

Desde el pasado 11 de Octubre, cualquier juez puede saber, gracias a prisiones, todo el historial médico, psiquiátrico, educativo y familiar de un preso antes de decir si le otorga la condicional, lo envía a prisión o lo apoya en la concesión de un tercer grado penitenciario.

Un paseo por O Parrote, un café en la plaza de María Pita, salir de copas por el Orzán o escapar del bullicio de la ciudad a bordo de su coche con la música a tope, rumbo al puente de A Pasaxe…. Cualquier escena de su vida, por irrelevante que le parezca, puede haber sido captada por los cientos de cámaras que hay diseminadas por A Coruña. Los ojos del Gran Hermano vigilan desde cada esquina los pasos que miles de coruñeses dan, confiados en su anonimato, amparados por una libertad que no existe tal y como se la concibe. Hasta los turistas que llegan a la ciudad en coche, tren o
autobús pueden ser seguidos por las videocámaras desde el momento en que enfilan Lavedra o se apean en cualquiera de las dos estaciones hasta que llegan a sus destinos, a una casa o un hotel sin vigilancia de las zonas privadas.
La seguridad -del tráfico, de las entidades financieras, de los edificios públicos o de las sedes de grandes empresas- es la disculpa que ha llevado a todo tipo de instituciones y compañías de diversos sectores y colores a colocar dispositivos de grabación a las puertas de sus edificios que no sólo detectan la llegada de algún intruso, sino también la presencia de personas supuestamente anónimas cuyo único delito es pasar junto a un edificio vigilado.
¿Cuántas cámaras de videovigilancia existen en A Coruña?

Entre los peligros que pueden conllevar el uso de Internet por parte de los menores cabe destacar todo lo relativo a los datos personales, por ello es necesaria su protección. Tanes así que el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, ha reclamado que se debe incluir en los programas educativos materias relativas a la privacidad y la protección de datos en las nuevas tecnologías.

El máximo responsable de la AEPD ha señalado en Estrasburgo, donde ha tenido lugar la 30 Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad. que “la formación de menores en el uso de las nuevas tecnologías, con sus riesgos y sus ventajas, es insuficiente”, por lo que desconocen “cómo ejercer un verdadero control en internet sobre su información personal”.

En España, al igual que en el resto de países donde está, Google no ofrece los datos de usuarios si no es con una orden judicial. Para Google, explicó la directiva, se ha promovido la existencia de estándares globales de privacidad, que aseguren que los datos de los usuarios se tratan con la misma confidencialidad pasen por el país que pasen.

Merino defendió que Google ha trabajado mucho para liderar políticas de privacidad en Internet y que el buscador siempre ha sido muy “proactivo” en este punto. En España, el buscador colabora “muy activamente” con la Agencia Española de Protección de Datos.