La cadena alemana de supermercados Lidl ha sido sancionada con cerca de 1,5 millones de euros por espiar sistemáticamente a sus empleados, según informa hoy la edición digital del semanario Stern. La empresa vigilaba a sus empleados con empresas de detectives y cámaras de vídeo, entre otras violaciones de la legislación de protección de datos.

La cantidad final que tendrá que pagar la empresa, con filiales también en España, supone la suma de las multas impuestas por las autoridades de 12 estados federados alemanes en los que Lidl tiene establecimientos, según Günter Schedler, responsable de la protección de datos y defensa de la intimidad de los ciudadanos de Baden-Württmberg, donde está establecida la sede central de la cadena. “Lidl ha concedido en el pasado muy poco valor a la protección de datos”, afirma Schedler.

Google informó que reducirá el tiempo de almacenamiento de datos personales de sus usuarios de 18 a 9 meses.

Peter Fleischer, encargado de protección de datos de Google, se ha referido a la medida como “un compromiso entre las demandas de los usuarios y las necesidades de la empresa”. En marzo de 2007, Google redujo a 18 meses el tiempo en que tenía información de sus usuarios debido a que antes de esta fecha el almacenaje era ilimitado.

Google capta la IP de cada computadora, creando un número de usuario y guardando el concepto de la búsqueda cada que visitan su página; aunque esta medida no sea del toda segura para saber la identificación de cada persona, sí puede ser una buena guía para llegar al usuario mediante huellas como el nombre que utiliza para iniciar la sesión.

El director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo, señaló hoy en declaraciones a Europa Press que el “inminente” registro de pederastia anunciado por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene “una finalidad legítima para evitar riesgos”.

No obstante, Rallo señaló que la AEPD todavía no ha recibido ninguna documentación respecto a este tema, por lo que se encuentra a la espera de “la concreción de la propuesta”.

“No tenemos ninguna objeción a la actual iniciativa del Gobierno”, señaló el presidente de la agencia, quien aseguró que se habría mostrado contrario a cualquier propuesta que hubiese significado “ficheros abiertos para todos los ciudadanos”.

Más control para desenmascarar a posibles terroristas a través de sus llamadas de móvil. El Gobierno ha ordenado a todas las compañías de telefonía que conserven durante doce meses los datos de los usuarios que ‘migren’, es decir, que decidan cambiar de operadora manteniendo su antiguo número. El motivo es que el Ejecutivo considera que esa información puede ser útil en la lucha contra Al Qaeda o ETA, como ya se demostró en las investigaciones del atentado del 11-M en Madrid.

José Lobato y Mónica Sumay, padres de Alejandra, la joven con discapacidad física e intelectual que la delegación provincial en Pontevedra de la Consellería de Educación quiere escolarizar en un centro de Educación Especial en contra de la voluntad de los progenitores, han presentado una denuncia contra la propia institución ante la Inspección de la Agencia Estatal de Protección de Datos a raíz de las declaraciones de su responsable, Cristóbal Fernández.
La supuesta publicación de datos privados de modo ilícito habría tenido lugar el pasado 28 de agosto, cuando la agencia Europa Press contactaba con el delegado de Educación en Pontevedra con el fin de conocer los motivos que argumentaba la administración para justificar el traslado de la menor de su centro habitual en Catoira a uno de Educación Especial en Villagarcía, a 15 kilómetros de distancia, con motivo de la entrada de la joven en la ESO.

A la Agencia Española de Protección de Datos se le está acabando la paciencia con Mapfre, la mayor aseguradora de España, ya que acumula varias multas por el incumplimiento de la ley que garantiza el buen uso de la información sensible de sus clientes.

La gota que ha colmado el vaso de la institución, que vela por la defensa de los datos de carácter personal de los españoles, son dos denuncias de sendos clientes de Mapfre CajaSalud que suscribieron una póliza de asistencia sanitaria. Posteriormente, estos dos clientes recibieron un envío postal con una oferta de Mapfre Automóviles, por lo que acudieron a la Agencia de Protección de Datos “considerando que el origen de los datos utilizados en el envío proceden de los facilitados a Mapfre CajaSalud” y, por tanto, denunciando “la cesión de sus datos de carácter personal sin su consentimiento”.

Numerosa documentación interna relativa a la empresa responsable del servicio municipal de aguas de La Orotava, Canaragua, ha aparecido en un contenedor de basura en el polígono de San Jerónimo.
Entre los documentos, a los que ha tenido acceso este periódico, y que se encontraban totalmente desordenados, se encontraban desde fotocopias de DNI de clientes de la mencionada empresa hasta recibos particulares emitidos por el Consorcio de Tributos, en donde se especifican tanto datos personales como financieros.

La Agencia Española de Protección de Datos dictó una resolución en la que exoneró a Correos ‘de toda responsabilidad’ en relación a la demanda planteada por una supuesta vulneración del secreto de los datos personales de un trabajador.

De este modo, estimó el recurso interpuesto por la empresa postal al ‘no quedar probado’ que dicha vulneración se hubiese producido y, por lo tanto, dejó sin efecto la multa de 100.000 euros impuesta en abril de este año.

Las dos cámaras instaladas por el Ayuntamiento en la rotonda de Nirvana, en las proximidades del busto dedicado al líder guerrillero Ernesto Che Guevara, incumplen la normativa de la Agencia de Protección de Datos. El organismo estatal establece que aquellos aparatos destinados a la captación de imágenes que graben lo que sucede en la vía pública deben contar con un registro y correspondiente archivo, una notificación que no está disponible en la agencia gubernamental.
Los dos nuevos aparatos colocados por el Gobierno local para disuadir a los vandálicos de cometer destrozos sobre la efigie del líder revolucionario -como ya ocurriera en el mes de junio cuando varios desconocidos arrojaron pintura roja y amarilla al monumento- no emiten en tiempo real, sino que graban lo que acontece en las proximidades de la glorieta donde está instalada la imagen del médico argentino.

Bien lo saben los que tienen vecinos que no pagan las cuotas de la comunidad. Iniciar una acción legal contra un moroso por una deuda pequeña no vale la pena. La cosa cambia cuando se trata de cantidades más importantes, cuando ya puede valer la pena embargar. Normalmente, la mayoría de las deudas que se contraen con las entidades financieras acaban con un embargo.

Sin embargo, la consecuencia más inmediata para los que dejan de pagar los artículos a plazos está en la inclusión en un registro de morosos.