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Un particular ha sido sancionado por enviar una felicitación navideña masiva a una dirección de email que tenía en su libreta de Outlook por error.
No utilizó la opción CCO o Copia Carbón Oculta.
El caso que vamos a examinar es especialmente curioso: el sancionado, tras responder a un correo electrónico de un usuario que quería darse de baja de su web, el email de esta persona quedó almacenada automáticamente en la libreta de direcciones del sancionado.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava y a la de Vizcaya, que nacieron al extinguirse las antiguas Cámaras de la Propiedad Urbana, multas por importe de 90.000 y 60.101 euros, respectivamente.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a las Asociaciones de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Alava y Bizkaia por utilizar “sin la debida habilitación o competencia” los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial. En el caso alavés, la multa asciende a 90.000 euros, y en el vizcaíno llega a los 60.101.
Además, según la resolución de la AEPD, la Cámara de la Propiedad de Alava procedió a girar cuotas a todos los socios de la extinta Cámara Oficial, por valor de 30.000 euros, “cometiendo infracción grave de la Ley Orgánica de …
Mantener una base de datos en secreto en el Reino Unido se ha convertido en una pesadilla. Tras los despistes de varios empleados gubernamentales en los últimos meses dejándose documentos oficiales en el transporte público, ahora le ha tocado al Partido Nacional Británico (BNP).
Alguien colgó este miércoles en Internet los datos personales de sus 13.500 afiliados. No dejaría de ser más que un mero sabotaje si no se tratara de un partido de extrema derecha que, como se ha podido comprobar en la lista, se encuentra arraigado en todos los estratos sociales.
Los taxistas de Cádiz ni siquiera se plantean incorporar a sus vehículos cámaras de videovigilancia, algo que sí se está empezando a hacer en otras localidades andaluzas, como por ejemplo Granada. Así lo ha confirmado a este periódico José Manuel González, presidente de la Asociación Gaditana del Taxi.
Dicha medida, que ya se está implantando especialmente en las grandes capitales, sobre todo por ser las que más índice de criminalidad registran anualmente, está amparada por la Agencia Española de Protección de Datos, siempre que se respeten unos requisitos muy precisos para salvaguardar en todo momento la imagen y la intimidad de los usuarios.
En primer lugar, para que el gremio pueda instalar una de estas unidades de control se requiere que éste sea colocado por una empresa de seguridad privada, que deberá contar previamente con la autorización del Ministerio del Interior. Para dar el segundo paso (ponerla en funcionamiento) la empresa de seguridad será también la que se encargue de notificarlo, con tres días de antelación como mínimo, al mismo órgano ministerial.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava y a la de Vizcaya, que nacieron al extinguirse las antiguas Cámaras de la Propiedad Urbana, multas por importe de 90.000 y 60.101 euros, respectivamente. La AEPD les ha sancionado por utilizar “sin la debida habilitación o competencia” los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial.
Tras la extinción, los antiguos gestores de la Cámara de Álava y los de la de Vizcaya crearon unos organismos similares, pero de carácter privado. Con el objetivo de financiarse, la alavesa utilizó la base de datos de la antigua entidad y giró nuevos recibos a varios miles de antiguos clientes.
La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Álava con la cantidad de 90.000 euros, y a la de Vizcaya con 60.101 euros, especificando que en el caso de Álava sus gestores cometieron una “sanción grave” por girar una remesa valorada en 30.000 euros, informa Europa Press.
La Agencia Española de Protección de Datos -AEPD- va a llegar hasta el final en la investigación que ha abierto por la instalación de cámaras en el Instituto de Educación Secundaria Abastos de Valencia. La Agencia de Datos va a continuar con la investigación a pesar del anuncio del centro de la retirada de las cámaras más conflictivas y de que no instalará el control de huella. Fuentes de la AEPD explicaron ayer que las pesquisas pueden concluir con una declaración de infracción al tratarse de un centro público. En caso de que los investigadores comprueban que el instituto ha vulnerado la Ley Orgánica de Protección de Datos, la AEPD comunicaría la situación al Defensor del Pueblo e instaría al centro a que rectificara.
La Agencia de Protección de Datos no tiene abiertas más investigaciones contra centros valencianos por la instalación de cámaras de vigilancia. En el caso de que Abastos hubiera sido un centro privado podría haber sido sancionado.
El instituto, como ayer informó Levante-EMV, ha retirado las cámaras instaladas en los dos aseos y no va a proceder a la instalación del sistema de reconocimiento por huellas dactilares en los accesos al edificio, de manera que los tornos se activarán mediante una tarjeta magnética.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a las Asociaciones de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Alava y Bizkaia por utilizar “sin la debida habilitación o competencia” los datos personales de los socios de la antigua Cámara Oficial. En el caso alavés, la multa asciende a 90.000 euros, y en el vizcaíno llega a los 60.101.
Además, según la resolución de la AEPD, la Cámara de la Propiedad de Alava procedió a girar cuotas a todos los socios de la extinta Cámara Oficial, por valor de 30.000 euros, “cometiendo infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos personales”.
Desde el punto de vista de las normas que regulan la protección de datos de carácter personal, la impresión de documentos en el ámbito laboral es uno de los puntos fundamentales de una correcta política en materia de la confidencialidad, referida no sólo a la documentación sensible propiedad de la empresa, sino también a aquellos documentos que sean susceptibles de contener datos personales y que deban ser objeto de una especial protección.
La clasificación de lo que se considera “confidencial” depende, en última instancia, de una decisión de organización empresarial. Pero es necesario tener en cuenta que no poca información de la que se maneja a diario en la empresa está exenta de contener datos personales, que podrán ir del más básico al más alto nivel de seguridad, en función del tipo de dato que se esté tratando.
En el Diario Oficial de la UE del 25 de octubre de 2008 se ha publicado el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre la Decisión 2008/49/CE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2007, relativa a la protección de los datos personales en la explotación del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), por lo que se refiere a la protección de los datos personales.
El Consejo de Ministros ha autorizado un suplemento de crédito, por importe de 1,1 millón de euros, en la Agencia Española de Protección de Datos, destinado a financiar gastos corrientes en bienes y servicios por el incremento de la propia actividad de este organismo.
En concreto, esta aportación irá destinada al mantenimiento de equipos informáticos (servicio ‘posting’), así como a las comunicaciones telefónicas (web, correo de empresas) y postales.
Además, se financiarán los gastos corrientes derivados de la gestión y recaudación en vía de apremio de sanciones impuestas por infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Convenio con la Agencia Estatal de la Administración Tributaría).
El texto de la pregunta debatida en el plenario, presentada por la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, recoge que la Comisión “no ha tenido en cuenta, para la adopción de esta medida de seguridad, la evaluación de su impacto sobre los derechos fundamentales, como se prevé en la Comunicación sobre el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales en las propuestas de la Comisión y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni la opinión de la Agencia de derechos Fundamentales, ni tan siquiera ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos”.
En este sentido, Meyer explicó que “el uso de estos scanner tiene un grave impacto sobre el derecho a la intimidad, a la protección de datos y de la dignidad personal. La propuesta no aporta garantías suficientes respecto a la privacidad de las imágenes”. Además, “nunca las medidas de seguridad empleadas pueden suponer un riesgo para la salud de los usuarios, y actualmente no hay estudios concluyentes sobre las posibles repercusiones de esta medida sobre la salud”
El Arzobispado de Valencia aseguró que el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia sobre los libros de bautismo al fallar la sección sexta de la Sala de lo contencioso administrativo por segunda vez consecutiva que no constituyen “ficheros de datos”, según informaron fuentes del Arzobispado en un comunicado.
Con ello, el TS estima el recurso de casación presentado por el Arzobispado de Valencia contra un fallo de la Audiencia Nacional del 10 de octubre de 2007 y contra una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, ratificada por el mismo auto de la audiencia, que han sido anuladas ahora también por el Supremo por “no ser ajustadas a derecho”.
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